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EDITORIALUn golpe a los más pobres El plan de subsidios a los arroceros es distorsionante, irritante e injustoSu peor efecto será que los consumidores pobres pagarán el mayor costo El mayor problema, y la mayor injusticia, con el proyecto de ley para crear un Fondo de Estabilización Arrocera (vigente ya durante un tiempo mediante decreto), no es que la mayoría de sus recursos vayan a parar a los grandes productores del grano, quienes tienen los menores costos de producción, pueden dedicar fácilmente muchas de sus tierras a otros cultivos y disfrutan, en general, de sólidas condiciones financieras. Tampoco lo es que la puesta a despacho de la iniciativa haya sido impulsada por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Nidia González, miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso y, quien, junto con su esposo, es productora "mediana" de arroz ("100 o 200 manzanas", según sus declaraciones a La Nación). En el primer caso estamos frente a una distorsión evidente del propósito declarado del esquema de subsidios y ante una clara injusticia en el manejo interno de los recursos que lo han nutrido en el pasado -cuando se llamó Fondo Nacional de Estabilización Arrocero- y que, si llegara a aprobarse, lo nutrirían en el futuro. En el segundo, más allá de las razones o racionalizaciones que puedan esgrimir el PAC y su diputada, se configura claramente un intento por legislar en beneficio propio, aunque sea mediante la ayuda a una organización de varios miembros, y se abren serios interrogantes a los verdaderos parámetros éticos de un partido que, en otros aspectos, ha revelado una enorme inflexibilidad al juzgar la conducta ajena.
Todo lo anterior es serio y debería bastar para frenar la iniciativa. Sin embargo, lo más grave e irritante es que quienes han pagado y pagarían esos subsidios son los sectores más necesitados de nuestra población, aquellos que más dependen del arroz en su dieta diaria. Es decir, si el Fondo llegara a aprobarse, la generalidad de los más pobres terminaría, de nuevo, pagando en gran medida los ingresos desproporcionados de la minoría de los arroceros más ricos, algo totalmente injusto y contradictorio con la retórica de justicia y "protección de los más débiles" tan a menudo invocada en los discursos políticos. En la actualidad, el precio del arroz para el consumo local no es resultado de la oferta y la demanda en el mercado nacional e internacional, sino de fijaciones que se hacen según los costos estimados de la producción local. Esta práctica ya conduce a que, en épocas de menores precios internacionales (como ahora), todos los consumidores nacionales debamos pagar mucho más. Pero el esquema propuesto empeora la situación al establecer que, cuando el suministro local sea insuficiente para cubrir la demanda, algo que ocurre casi todos los años, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) pueda adquirir el grano sin pagar el arancel del 35% que se aplica a los demás importadores; pero, si el precio de importación es más bajo, el beneficio no se traslada a los consumidores, que deben seguir pagando como si fuera producido localmente, sino a los miembros de la organización. Por esto, es una desviación de fondos de los más necesitados a los que menos necesitan. Todo lo anterior se intenta justificar con el argumento indiferenciado de que se debe proteger a "los productores" (en este caso arroceros) por el presunto perjuicio que sufrirían con el tratado de libre comercio con Estados Unidos, a pesar de que, en su caso, la apertura solo se consumará tras 20 años de vigencia. Y ¿quién protege a los consumidores, normalmente más vulnerables? Y ¿por qué, en lugar de proteger actividades que difícilmente podrán competir alguna vez en el mercado internacional, no apoyar a los productores para que se trasladen hacia cultivos más rentables para ellos y para la sociedad, mientras abrimos la importación de aquellos que resultan más baratos en el mercado internacional y, por ende, redundarían en bajar los precios de la canasta básica? Hasta ahora, por desgracia, no ha imperado una posición lógica al respecto. Al contrario, la regla han sido las presiones disfrazadas con discursos de soberanía y reivindicaciones sociales, cuando, en el fondo, lo que se busca es proteger condiciones injustas a costa de quienes menos tienen. Ojalá todo esto se pueda ventilar en la Asamblea Legislativa, ahora que el proyecto ha sido puesto a despacho de forma tan comprometida, y los diputados tengan la valentía de rechazar el injusto esquema que se les ha planteado.
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