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Sí hay voluntad política El pago de indemnizaciones no es solo un tema de portillos legalesLuis Diego Vargas Secretario Técnico Consejo Nacional de Concesiones Es prematuro indicar que no existe voluntad política para cerrar los portillos legales que permiten acciones administrativas que facilitan el pago de millones en indemnizaciones y multas a contratistas del Estado, como lo hace don Armando Mayorga en la columna Buenos Días del 15 de junio del año en curso. Poco más de un mes no es tiempo suficiente para delimitar responsabilidades en forma seria y determinar sus repercusiones económicas. El éxito en la definición y delimitación de responsabilidades depende del rigor con que se instruyen las causas administrativas y la seriedad con que se hacen las imputaciones. Así, salir de buenas a primeras a acusar responsables no es aconsejable. El tema del pago de indemnizaciones no es solo un tema de portillos legales, también tiene que ver con impericia y negligencia de funcionarios públicos, aunque es frecuente que estos se refugien en las interpretaciones de la ley para justificar sus incorrecciones. En lo que corresponde a mi ámbito de acción, puede estar seguro el señor Mayorga y todos los costarricenses de que, por inexorable obligación legal y por clara directriz de mis superiores -la ministra de Obras Públicas y Transportes y otras instancias de la jerarquía superior del Estado-, estamos valorando el procedimiento legal que permita establecer responsables. Puedo asegurar y demostrar documentalmente que la estimación de indemnizaciones millonarias a las que nos hemos visto expuestos por la inacción de años de la Administración Pública para cumplir con su parte en el contrato y ordenar el inicio de obras en la fecha pactada, han sido sustancialmente reducidas en virtud de la actitud vigilante y rigurosa de las actuales autoridades en cuatro semanas. También estamos empeñados en revertir la mora y disminuir el monto de las reclamaciones, para lograr en el menor tiempo posible recuperar los derechos de vía y la reubicación de los servicios públicos alojados en la vía; condiciones que permitirán ordenar el inicio de obras y mitigar el cobro de indemnizaciones. Entonces, se podrá decir si hay o no voluntad política para parar el poco celo en el resguardo de los recursos del Estado.
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