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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com El gobierno hará "vaca" para recolectar ¢450 millones y pagarles a los muelleros de Limón y Moín los beneficios laborales rechazados por Aresep y la Contraloría General de la República. El gobierno anterior, pacheco-sindical, utilizó un sistema parecido, pero más censurable, con la connivencia de la Iglesia Católica. En esa oportunidad, los bananeros no aportaron el dinero directamente, sino a través de las temporalidades de la Iglesia, aunque subsiste la duda de si la plata provenía del impuesto al banano, en cuyo caso se trataba de recursos públicos, o de la magnanimidad forzada de los empresarios. Entre los beneficios impagos están planes vacacionales con paquetes turísticos para los empleados, el incremento del 5% al 8% para el fondo de ahorro de cada trabajador, según el salario, y otros. Como la Contraloría y Aresept objetaban estos pagos, los dirigentes sindicales echaban mano de su arma favorita: el chantaje, esto es, la paralización de las labores en los muelles, lo que, obviamente, les produce a los importadores y exportadores ingentes pérdidas. El chantaje es, por tanto, el santo y seña, y la palabra apropiada. Según algunos beatíficos funcionarios, hecho este pago, terminan el tortuguismo y las huelgas, y el arcoíris del derecho, la justicia y la solidaridad abarcará, en un gran abrazo, a todo Limón. En suma, el fin justifica los medios, más cuando se tiene un puñal en la espalda. Por supuesto, quedan algunos escrúpulos de conciencia. Si los empresarios les pagan a los muelleros, ¿no es este un regalo a un empleado público? Y, si lo fuere, ¿cuáles serían las consecuencias legales? No afirmamos, preguntamos. Pero, legal o ilegal, ¿no habrá cedido el Estado ante la violencia de un chantaje? ¿Es este el método propio de un sistema democrático transparente? ¿Cuál es la naturaleza del sindicalismo tico? Si el actual Gobierno hace las cosas, en este caso, a la luz del día, el anterior actuó de noche, con el agravante de que, si los recursos aportados hubieran sido públicos, estaríamos ante una metida de escarpines descomunal. De todos modos, cabe preguntarse, además, por qué accedió la Iglesia Católica a prestar su nombre para elaborar cheques en un asunto eminentemente técnico y político, ajeno a su ámbito de acción, algo así como dejar de lado, en sus consideraciones sobre el TLC, el tema capital del empleo, cuya afectación perjudicaría severamente los derechos y la dignidad de los trabajadores, un campo que sí compete a la Iglesia. En fin, nada peor que la confusión de conceptos, de la que se derivan actos inciertos o descaminados.
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