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De chuparse los dedos Mauricio Martínez S. mmartinez@nacion.com La "alta cocina" está de moda por estos días.Muelleros y arroceros, en especial los grandotes, están "cocinando" a fuego lento y con buena cuchara una serie de beneficios. La receta está quedando de chuparse los dedos porque ambos grupos han contado, de alguna manera, con el concurso del Gobierno urgido de aplacar eventuales fuegos sindicales y de obtener la pronta ratificación del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. El Poder Ejecutivo, en aras de la paz social (¿o chantaje sindical?), se comprometió al más alto nivel a honrar ¢450 millones que se le adeudan a los trabajadores de Japdeva desde el 2005, pero cuyo pago fue objetado por Aresep y la Contraloría. En esta ocasión no se está recurriendo al solapado mecanismo de la pasada administración -mediante el uso de una cuenta de la Iglesia y de fondos del tributo bananero-, pero están creando un mal antecedente. Hoy están pasando el sombrero entre exportadores e importadores para que "donen" el dinero a Japdeva y que esta, a su vez, lo camufle en un presupuesto a la espera del aval de la Contraloría (que al parecer está al tanto de las gestiones). ¿Qué certeza tenemos de que en el futuro no se recurrirá nuevamente a la presión, los bloqueos y el tortuguismo en los muelles? En el Gobierno alegan que ese pago se hará por esta vez, pero que cualquier otro reclamo futuro tendrá que realizarse por la vía judicial. En el caso de los arroceros, la mano de la administración Arias no aparece tan clara, pero es obvio que los partidos ya están "maquinando" qué provecho sacar para no entorpecer o para ratificar el TLC. La agenda paralela al TLC, tan necesaria para equilibrar las desigualdades que producirá el Tratado, se puede prestar para validar privilegios. Es el caso del extinto fondo arrocero que pretende resucitar el impoluto y transparente PAC. La acción fue impulsada por una legisladora ligada al sector arrocero, según lo admitió ella. Claro, luego dijeron que se trató de una gestión mancomunada, de toda la fracción del PAC. El conflicto de intereses es tan evidente que Ottón Solís corrió para enviar a la legisladora al tribunal de ética, y ella optó por salirse de la subcomisión que desde anteayer conoce, por 30 días, el polémico proyecto. En los casos de los muelleros y los arroceros aún se está a tiempo de rectificar.
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