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Foto Principal: 1289641
Rafael Ángel Calderón evitó referirse a los "actos correctos" por los que recibió honorarios de parte de la empresa panameña Harcourt Holdings.
Francisco Rodríguez
Indagó a siete imputados

Ministerio público amplía cargos en caso CCSS-Fischel

Atribuirá peculado y asociación ilícita, además de cohecho y enriquecimiento
Calderón, Vargas, Reiche y otros se abstuvieron de declarar ante fiscales

Ernesto Rivera,
Hazel Feigenblatt
erivera@nacion.com

y Giannina Segnini

El Ministerio Público amplió de dos a cuatro los cargos por los cuales acusará a los siete imputados en el escándalo CCSS- Fischel.

Ahora, la Fiscalía les atribuye los delitos de peculado y asociación ilícita, según les comunicó en una indagatoria, ayer, a la cual fueron citados al Poder Judicial.

Las indagatorias fueron realizadas por cuatro equipos de fiscales, entre las 7:55 a. m. y 2:30 p. m.

Por la mañana comparecieron el exmandatario Rafael Ángel Calderón; el expresidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social, Eliseo Vargas; el presidente ejecutivo de Corporación Fischel, Walter Reiche, y el exdirectivo de la CCSS, Gerardo Bolaños.

Por la tarde, lo hicieron el exgerente de la empresa O. Fischel R., Marvin Barrantes; el exgerente de Corporación Fischel, Olman Valverde, y el exgerente de Modernización de la CCSS, Juan Carlos Sánchez Arguedas.

Foto Flotante: 1289637
Eliseo Vargas llegó a las 8:17 a. m., saludó a los demás imputados menos a Calderón y a Gerardo Bolaños.
Francisco rodríguez

A todos, los fiscales les informaron acerca de los hechos revelados en la investigación judicial y sobre los dos nuevos delitos. Los imputados decidieron abstenerse de declarar ante los fiscales.

Según confirmó ayer el jefe de prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes, hasta ahora el Ministerio Público los investigaba por los delitos de cohecho (propio e impropio) y por el delito de enriquecimiento ilícito.

A incluir ahora los delitos de peculado y asociación ilícita, la Fiscalía se garantiza más tiempo para presentar la acusación y evita la posibilidad de que se alegue prescripción de las penas.

Esto porque los delitos de peculado y de asociación ilícita prescriben a los 12 años de cometidos, y el cohecho y el enriquecimiento ilícito (que les atribuían hasta ahora) prescriben a los seis años.

Foto Flotante: 1289643
El exdirectivo de la CCSS, Gerardo Bolaños (izq.) tuvo la indagatoria más breve: estuvo 25 minutos. Afuera, conversó con su abogado Horacio Mejía.
Francisco rodríguez

A la espera de la acusación. Los abogados defensores de Rafael Ángel Calderón, Walter Reiche y Eliseo Vargas coincidieron ayer en que esta indagatoria hace presumir que la Fiscalía ya concluyó la investigación y que estaría próxima a presentar la acusación.

Juan Marcos Rivero, abogado defensor del expresidente Calderón y del exgerente de Corporación Fischel, Olman Valverde, aclaró que la fiscalía no tiene un plazo límite para acusar.

Los abogados defensores coincidieron, además, en que la ampliación de cargos realizada ayer se sustenta, principalmente, en dos informes que la sección de delitos económicos del OIJ entregó el 26 de mayo pasado.

Los informes analizan la manera en que se decidió qué tipo y cuántos equipos debía comprar la CCSS, así como la reasignación de ¢3.000 millones del presupuesto ordinario usados en la ampliación de la compra de equipos finlandeses.

Los delitos

Peculado. Prisión de tres a 12 años para el funcionario público que sustraiga dinero o bienes cuya administración se le haya confiado. La disposición también aplica a particulares y responsables de organizaciones privadas en relación con fondos públicos.

Asociación ilícita. Prisión de uno a seis años para quien tome parte en una asociación de dos o más para cometer delitos.

Cohecho impropio. Prisión de seis meses a dos años al funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, reciba una dádiva para hacer un acto propio de sus funciones.

Cohecho propio. Prisión de dos a seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos al funcionario que por sí o por persona interpuesta reciba una dádiva para hacer un acto contrario a sus deberes.

Enriquecimiento ilícito. Prisión de seis meses a dos años al funcionario que acepte una dádiva para hacer valer la influencia derivada de su cargo.

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