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Choferes, sastres y bodegueros reciben pago por riesgo policial Se benefician 200 personas que ocupan plazas en forma indebidaMinistro Berrocal anuncia que suprimirá el pago de estos incentivos Nicolás Aguilar R. y Rónald Moya naguilar@nacion.com Sastres, bodegueros, choferes, secretarias, oficinistas y hasta mensajeros del Ministerio de Seguridad Pública disfrutan, de manera indebida, de un incentivo conocido como riesgo policial. Se trata de unos 200 empleados quienes ven incrementado su salario base mensual en un 18 por ciento pese a que la mayoría no ejecuta labores policiales o de peligro para su integridad física.
El riesgo policial es un sobresueldo del 18 por ciento del salario base exclusivo para policías como reconocimiento por la peligrosidad de sus funciones. "Es una barbaridad que se le pague este incentivo a gente que no hace funciones policiales; no estoy dispuesto a tolerarlo; es una práctica ilegal", sentenció el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal. Según dijo, ordenó un estudio de cada caso para suprimir el pago de los beneficios a quienes lo estén recibiendo de manera indebida. "También vamos a ejercer acciones para que los empleados que lo hayan recibido sin tener derecho devuelvan los montos percibidos", precisó. La aplicación de las medidas está en estudio de una comisión especial presidida por el viceministro de Seguridad Pública, Rafael Gutiérrez. Cálculos. Un estudio reciente de la auditoría del Ministerio de Seguridad Pública, hecho con base en una muestra de 80 empleados que ocupan plazas policiales pero realizan labores administrativas, determinó que 24 de ellos (30 por ciento) reciben el riesgo policial en forma indebida. El pago del riesgo policial a estos 24 empleados le genera al Ministerio de Seguridad Pública "una erogación improcedente" de ¢11 millones según la auditoría del Ministerio. Las autoridades estiman que si se realizara un estudio de las 700 plazas policiales ocupadas en labores administrativas, se mantendría el porcentaje del 30 por ciento (unos 200 trabajadores que reciben el sobresueldo sin tener derecho). El estudio del auditor Juan de Dios Vargas le fue entregado el 2 de junio al viceministro Gutiérrez con varias recomendaciones. Entre ellas la de suprimir el pago del riesgo policial a los funcionarios que no tienen derecho por no ejecutar funciones policiales. El documento menciona entre otros, los casos del sastre Antonio Vallejos, el chofer Marvin Saborío, el mecánico Gerardo Ballestero, y el fotógrafo y camarógrafo Guillermo Solano. Todos, según el informe, reciben el pago de riesgo policial pero en sus funciones no se exponen a peligros de integridad física. Fotógrafo policial. El fotógrafo Solano, quien labora en la oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, defendió el incentivo. "He sufrido accidentes, con lesiones en el cumplimiento de mi trabajo. Para hacerlo tengo que infiltrarme en bloqueos y manifestaciones, muchas veces bajo lluvias de piedras, para hacer tomas que se utilizarán con fines policiales", adujo. Solano añadió que en el 2002 se fracturó la nariz y varias costillas durante un operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD) en Talamanca. Permaneció dos meses incapacitado, comentó. Crítica. El estudio de la auditoría determinó que muchos de los funcionarios que reciben el sobresueldo por riesgo policial empezaron a trabajar en el Ministerio de Seguridad Pública como policías. Posteriormente se les trasladó a funciones administrativas pero se les mantuvo en la misma plaza de naturaleza policial y, en consecuencia, siguieron devengando el sobresueldo por riesgo. "Lo anterior denota el evidente fallo de control de la Dirección de Recursos Humanos, quienes formalizan los traslados y además no toman las acciones pertinentes para suprimir los pluses salariales", señala el informe. Funcionarios consultados dijeron que defenderán el pago.
Fuerza Pública está burocratizada Nicolás Aguilar R. y Rónald Moya naguilar@nacion.com El director de la Fuerza Pública, Osvaldo Alpízar, afirmó que ese cuerpo policial está burocratizado debido a la utilización de muchas plazas policiales en labores administrativas. Añadió que investigan si algunos de estos funcionarios, aparte de ocupar plazas policiales reciben el riesgo policial. " Si fuera así sería mucho más grave", indicó. Alpízar mencionó el caso de la Delegación de Guácimo, donde pese a tratarse de un puesto pequeño, cuentan con tres funcionarios administrativos, todos con plazas policiales. Se trata de personas que no cumplen labores de vigilancia como manda la Ley. También recordó el caso de la Policía de Proximidad de Talamanca donde ocho "policías" fungen en puestos administrativos, una cantidad "muy elevada", según Alpízar. Comentó que el caso que más sorprende es el del Centro de Servicio de Transportes (chóferes del Ministerio) donde hay 22 funcionarios en labores administrativas y solo 12 en trabajos de tipo operativo. "Nos han burocratizado bastante la policía. Por ejemplo, hay policías encargados de combustible, de archivo, de activos, de bodegas, hasta de notificadores", puntualizó. El problema es que dicho personal solo trabaja de lunes a viernes, desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m.", se quejó Alpízar . De cumplir funciones policiales, tendrían jornadas más extensas y laborarían fines de semana, así como días feriados. Según Alpízar, hay funciones administrativas que pueden ser asumidas por una sola persona, lo que permitiría contar con "más policías". El viceministro Gutiérrez dijo que ya recuperaron 68 plazas para fines policiales de las 700 cupos de policía ocupados en labores administrativas "Es gente que ya está en la calle en favor de la seguridad ciudadana", manifestó. Indicó que en las próximas semanas recuperaran otras 180 plazas para reforzar la vigilancia policial.
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