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Estado reclama el 'daño social' en 49 causas por corrupción Esta posibilidad se inaugura con escándalos de expresidentesCasos se eligen por el poder del involucrado y el impacto causado Irene Vizcaíno ivizcaíno@nacion.com Por el daño causado a la sociedad, el Estado presentó 49 reclamos económicos a personas investigadas por actos de corrupción. Se trata de sumas millonarias que los imputados deberán pagar en caso de que sean condenados en un juicio.
Dos de esas gestiones avanzan contra los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, a quienes el Ministerio Público atribuye delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho. El primero figura como imputado en la denominada causa ICE-Alcatel, mientras a Calderón se lo investiga en la denominada causa Caja-Fischel. Con esos escándalos, salidos a la luz en el 2004, es que el Estado va a estrenar la posibilidad de cobrar por el perjuicio sufrido. El daño social está regulado en el artículo 38 del Código Procesal Penal, norma que da a la Procuraduría General de la República la responsabilidad de "ejercer la acción civil cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos". Específicamente, la tarea de cobrar en nombre del Estado corresponde a la Procuraduría de la Ética Pública. Esa instancia fue creada en el 2002 por idea del entonces mandatario Miguel Ángel Rodríguez, para que previniera, detectara y erradicara la corrupción. ¿Cuáles casos? Según explicó la procuradora general, Ana Lorena Brenes, para determinar cuáles casos conoce la Procuraduría de la Ética han seguido una "línea ejemplarizante" . El primer aspecto que valoran tiene que ver con la persona involucrada y si el cargo que ejercía le permitía sustraerse de la acción de la justicia. Esto es, si tenía inmunidad, influencia o poder económico. El segundo aspecto es el impacto negativo que el hecho produjo en la sociedad. Bajos esos criterios es que se entablaron los 49 reclamos económicos por daño social de un total de 535 causas penales que la Fiscalía sigue por delitos contra la administración pública. "Vamos avanzando bien", se limitó a decir Gílberth Calderón, procurador de la Ética Pública, sin precisar el monto de los reclamos. Además, la Procuraduría de la Ética ha interpuesto 99 denuncias por prácticas sospechosas de corrupción. De esos casos, una buena parte dieron origen a procedimientos administrativos en la vía interna de las instituciones respectivas y al menos uno de esos asuntos llegó a la Inspección Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Primeros pasos. A pesar de esas labores, la Fiscalía de la Ética Pública apenas da los primeros pasos para cumplir con su misión de erradicar la corrupción. Para Gílberth Calderón, el año y medio que tienen de trabajar con el equipo completo apenas les ha dado tiempo de diagnosticar. Precisamente, en esa labor de diagnóstico pidieron a las instituciones públicas informar si tenían código o regulaciones internas sobre ética. Los únicos que respondieron positivamente fueron la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). También comenzaron una labor de capacitación de funcionarios pues consideran que trabajadores mejor capacitados son menos propensos a la corrupción.
En pocas palabras Gílberth Calderón Procurador de laética publica De funcionarios y ciudadanos ¿Cómo evalúa el trabajo en año y medio? Ha sido tiempo para diagnosticar y planificar el trabajo. Creemos que el país sí requería de una instancia que se dedicada a la prevención, detención de la corrupción, y a incrementar la ética y la transparencia en la función pública. ¿Hay mucha corrupción? Hay instancias no gubernamentales que nos ubican como país de corrupción media, como es el caso de Transparencia Internacional. Nosotros no lo vemos como algo tan grave, lo que pasa es que ha habido casos muy escandalosos, pero si uno vuelve a ver países vecinos creemos que estamos a tiempo de evitar que la corrupción nos invada. ¿Qué se requiere? El compromiso de los funcionarios públicos y de los ciudadanos. De los funcionarios para que cumplan con transparencia y rindan cuentas, y de los ciudadanos para que denuncien y no sean copartícipes de la corrupción. Casi siempre ante un funcionario corrupto hay un particular que corrompe. Ni el particular debe pagar por su licencia en media hora ni la empresa grande debe pagar para que le adjudiquen la licitación (por la que compite). Procuraduría quiere llevar la lucha anticorrupción a las aulas Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com Enseñar a los niños de escuela que copiar en los exámenes es malo podría ser el primer paso para tener ciudadanos honestos en el futuro. Esa lección tan simple es parte del mensaje que la Procuraduría de la Ética Pública quiere llevar a las escuelas y colegios, dentro de programas que desarrolla el Ministerio de Educación. Con ese planteamiento se reunirán este lunes con la viceministra de esa cartera, Alejandrina Mata, quien impulsa un plan con objetivos afines. "En este mundo tan complicado, donde todo parece tan relativo y temas como la corrupción se ven tan normales, creemos que hay un peligro para nuestros niños" expresó Mata. Para ayudar a los niños a enfrentar ese peligro, el MEP acudirá a dos elementos que, como dice Mata, permanecen inmutables a lo largo de la vida: lo ético entendido como lo bueno y lo estético como lo bello. Reforzando esos dos conceptos, el MEP intentará enseñar a los niños a convivir armoniosa y honestamente. La estrategia para estimular lo bueno y lo bello es el diseño de formas creativas de impartir materias relacionadas con el arte, el deporte, la cívica y los derechos humanos, así como el trabajo comunal estudiantil. El plan está en elaboración.
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