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Silencio pagado Armando González agonzalez@nacion.com La Imprenta Nacional seguirá el mal ejemplo de Casa Presidencial y pagará a sus empleados por guardar silencio sobre los asuntos de que tengan conocimiento en razón del cargo. El pago es superfluo si la intención es proteger la confidencialidad de los procesos internos, los secretos industriales u otras ventajas competitivas. La ley laboral establece deberes de discreción y lealtad cuya vigencia no depende de un pago adicional. Si el propósito es resguardar la información confidencial de terceros, el pago es aún más injustificado, porque a las previsiones de la ley laboral se suman las garantías de discreción establecidas específicamente para estos casos. Por último, si se trata de "resguardar los principios constitucionales de publicidad y seguridad jurídica", como lo declara la convención colectiva, cabría recordar a los trabajadores indiscretos los castigos previstos por el derecho penal. Descartada su utilidad en las situaciones descritas, el pago por discreción puede terminar confundiéndose con un pago por encubrimiento. La tendencia internacional va en el sentido contrario. Lejos de crear alicientes para el silencio, los países avanzados diseñan mecanismos para estimular a los funcionarios públicos a sonar el silbato. Desde 1968, cuando falló el caso Pickering vs. Junta de Educación, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que, en estas situaciones, los funcionarios públicos gozan de todas las garantías para el ejercicio de su libertad de expresión. El requisito es que se trate de asuntos de interés público y no de meros agravios personales. La Sala Constitucional costarricense se pronunció en el mismo sentido cuando ordenó al Ministerio de Ambiente y Energia anular el procedimiento administrativo iniciado contra un funcionario que dio declaraciones a la prensa sobre los permisos ambientales otorgados a una empresa turística. La Sala reiteró esa jurisprudencia el 31 de mayo, cuando protegió a dos empleados del Instituto Geográfico Nacional que se manifestaron sobre el estado de los archivos de fotografías históricas de la institución. Por infortunio, la misma Sala rechazó una acción contra el pago por discreción en la Casa Presidencial y creó un régimen ambiguo, donde es posible pagar por silencio, pero no se niega protección a quien habla.
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