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EDITORIALRuptura de monopolios Debe valorarse si conviene invertir una suma muy elevada en mejorar una refinería (Recope) obsoletaTal y como señalamos en nuestro editorial del miércoles pasado (De frente y con transparencia), hizo bien el presidente de la República, Óscar Arias, en anunciar la posible ruptura de otros monopolios estatales, como el de la importación de combustibles que mantiene desde 1993 la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), y la concesión de los puertos del Caribe. A ellos se suma, ahora, la apertura en la importación de licores de bajo contenido etílico, como el guaro Cacique producido por la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), permitida por la Sala Constitucional en su más reciente resolución. El fin perseguido en todos esos casos es muy loable: restablecer la competencia, reducir el precio de los bienes o servicios, mejorar la eficiencia de la producción nacional y aumentar las exportaciones, como estrategia para combatir la pobreza. Pero las acciones utilizadas o anunciadas para lograrlo son, todavía, insuficientes. La resolución de la Sala Constitucional sobre Fanal no la despojó del monopolio de producción del guaro en el territorio nacional, como originalmente se afirmó. Simplemente, permitió la libre importación de productos competitivos (lo cual es un gran avance). Pero nadie más puede destilar licor de caña (guaro de contrabando) ni, mucho menos, comercializarlo. Y eso limita no solo la libertad de los particulares para producir y vender, garantizada en el artículo 46 de la Constitución Política, sino la sana competencia tendiente a mejorar precios y calidades. De momento, la competencia solo vendrá por los productos importados pues la acción de inconstitucionalidad presentada por el empresario Marvin Arce ante la Sala IV solo abarcaba la comercialización y no la producción. Esperamos que algún interesado complemente la acción interpuesta para terminar la tarea. El monopolio que sobre los puertos del Caribe mantiene la Junta Administrativa de la Vertiente del Atlántico (Japdeva) es parcial y muy particular. A decir verdad, buena parte del monopolio está en manos de sus trabajadores sindicalizados, quienes tradicionalmente han disfrutado de beneficios costosos e irrazonables y ejercen toda clase de presiones sobre sus patronos (y, a veces, hasta en los usuarios). Como resultado, el servicio es malo, lento y caro. Y los importadores y exportadores no tienen otras alternativas disponibles. Por esa razón, conceder la administración a empresas particulares, nacionales o extranjeras, redundaría en un aumento en la eficiencia y, posiblemente, reducción de costos, y se eliminarían los consabidos cuellos de botella. A los trabajadores que eventualmente sean sustituidos se les debe indemnizar adecuadamente, sin ninguna gollería. Los ejemplos de eficiencia y expansión portuaria citados por el propio presidente Arias al anunciar la apertura, incluyendo Hamburgo, China y Panamá, son muy ilustrativos y deberían servir de ejemplo para Costa Rica. Pero hay que poner mucha atención. El proyecto para mejorar la Ley de Concesión de Obra Pública que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, y que ha recibido el apoyo de varias fracciones legislativas, aparentemente no contempla la concesión de puertos a particulares, por lo que podría quedarse corta. Antes de su aprobación, debería revisarse concienzudamente. En cuanto a la ruptura del monopolio de Recope, las intenciones del presidente Arias también se quedaron cortas. No es suficiente con permitir la importación de productos terminados (gasolina, diésel, queroseno y gas liquado) para mejorar la productividad, abaratar costos e incrementar la competitividad de la producción nacional. Si de lo que se trata es de ser más competitivos y abaratar los bienes al consumidor, debe aprovecharse la ocasión para valorar los excesivos impuestos que encarecen los productos terminados, que no solo golpean los bolsillos de los contribuyentes, sino que ejercen una influencia nociva en la inflación (que, a su vez, golpea otra vez a los consumidores). También debe valorarse si le conviene al país invertir una suma muy elevada en mejorar las instalaciones de la Refinería, totalmente obsoleta, que actualmente obliga a importar productos finales en vez de refinarlos en el país. El Gobierno carece de esos recursos. Más bien, está planteando un alto aumento de impuestos para sufragar necesidades pendientes. Si se permite la libre importación de bienes finales y se estudia la posibilidad de concesionar a empresas del exterior la construcción de una eventual refinería (sin protección ni subsidios), se ahorraría el país un costo adicional. Y los consumidores lograrían una mejor servicio. Se impone, por tanto, una verdadera ruptura de monopolios. Porque de ellos nunca ha salido nada bueno.
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