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Conarroz intenta revivir beneficio a grandes arroceros Sistema dio $1,65 a pequeño productor y $476.110 a una gran compañíaContraloría lo atacó por ser poco equitativo y contrario a fines de Conarroz Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com El proyecto de ley para crear el Fondo de Estabilización Arrocero, que beneficia a grandes productores, salió del archivo y está de nuevo en agenda legislativa. El plan fue reactivado por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nidia González Moresa, ligada al sector arrocero de la zona norte del país.
Se revivió pese a los cuestionamientos de la Contraloría General de la República, en agosto del 2004, a la aplicación de ese fondo mediante un decreto en el 2003. La investigación de la Contraloría encontró que los 33 mayores arroceros (3% del total) recibieron el 50% de los $4,48 millones que repartió el fondo. El monto mayor se le entregó a la firma El Pelón de la Bajura, con $476.110, mientras que 774 arroceros (el 71% del total) recibieron montos menores a los $2.000. La Contraloría concluyó entonces que la repartición no fue equitativa y que en lugar de cerrar la brecha entre los grandes y los pequeños la amplió. La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) incumplió su misión de ayudar a los productores más pequeños. El fondo recaudó las ganancias obtenidas al importar arroz a precios bajos y sin pagar el arancel de 35% y venderlo sin bajar el valor al consumidor. El parámetro para repartirlo fue el volumen de producción. Intentos de ley. El Gobierno derogó el decreto del fondo ante los cuestionamientos, pero el sector arrocero reactivó esfuerzos por convertir la iniciativa en ley. En agosto del 2005, la Contraloría emitió un informe de seguimiento de sus investigaciones en Conarroz y denunció que el proyecto de ley reproducía un modelo exactamente igual al impugnado en el 2004 para crear el Fondo Nacional de Estabilización Arrocero. Luego de cuestionamientos de varios sectores, el proyecto se estancó en la agenda legislativa. Pero ahora está de nuevo a la espera, supuestamente dentro del paquete a impulsar como agenda de desarrollo para aliviar el impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El grupo de proyectos incluye la Corporación Frijolera y la Corporación Hortícola, que reproducen privilegios de fijar desabastecimientos, momentos de compra del producto, distribución de cuotas, márgenes de intermediación y otros privilegios parecidos a los de la ley de Conarroz. Un grupo de organizaciones opositoras a las corporaciones inició un plan de combate. Aseguran que se trata de monopolios privados que tienen cautivos a todos los consumidores nacionales para el beneficio de grupos. El presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Óscar Campos, dijo que "esos abogados y grupos defienden a monopolios extranjeros y a transnacionales que se apropian de los negocios y no admiten competencia". En todos los frentes. La Asociación de Consumidores Libres, Consumidores Libres de Costa Rica, el grupo de consumidores Alerta, la Cámara Nacional de Industriales de Granos, Wallmart Costa Rica y la comercializadora e importadora de arroz Rosa Tropical, coincidieron en la lucha contra las corporaciones en la Asamblea Legislativa y se unieron. Su posición se sustenta en tres puntos generales: no más corporaciones, no crear nuevos privilegios a las existentes y terminar con los privilegios de las actuales. Juan Ricardo Fernández, de la Asociación de Consumidores Libres, enfatizó que antes de aprobarse la ley de Conarroz, en abril del 2002, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión para Promover la Competencia concluyeron que se trataba de un monopolio. Sin embargo, se aprobó por maniobras políticas. Campos refutó esa posición basado en pronunciamientos de la Sala IV y de la Procuraduría General de la República, donde se concluyó que Conarroz no es un monopolio. Erick Ulate y Gilberto Campos, de Consumidores Libres, denunciaron un sobre precio pagado por todos los consumidores, pues se usa el modelo de costos del arroz para pequeños agricultores en la fijación de las cotizaciones. Los grandes productores tienen menores costos por volumen y, por tanto, obtienen mayor ganancia. Calcularon que tanto en sobre precio local como en el diferencial de precio del arroz importado (se compra barato y se vende a precio más fijado) se recaudarán ¢2.431 millones en el año 2005-2006. Campos reconoció que Conarroz obtiene algunas ganancias por la importación del grano sin pagar aranceles, pero dijo que los recursos se destinarán a investigación y transferencia de tecnología. Reconoció también que una parte de los recursos se guarda con miras al eventual Fondo de Estabilización. Dijo que calcula la reserva en unos $1,5 millones (¢768 millones). El sector arrocero está de acuerdo en una revisión del proyecto de ley del fondo y en cambios propuestos por sectores para hacerlo equitativo, según Campos.
Críticas inundan modelo de Conarroz Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com Desde el calificativo de monopolio autorizado por ley hasta una desviación de sus objetivos originales de ayuda a los pequeños, se mueven las críticas a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Mauricio Alonso Arias, de la empresa importadora y comercializadora de arroz Rosa Tropical, calificó como falacia la versión de que Conarroz protege a los pequeños. Recordó que una empresa no verticalizada (hace la cadena desde la siembra a la industria) como la de ellos está condenada a morir. Conarroz reparte las importaciones al industria en cuotas conforme al recibo de grano nacional. Las firmas que tienen sus propias fincas y, además, compran a los productores se perpetúan como ganadoras en ese sistema. Ellos, dijo, tuvieron que despedir a 102 trabajadores. Juan Guillermo Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de Granos, advirtió que aquella situación es más compleja si se toma en cuenta que tres empresas tienen el 60% del acopio de la cosecha nacional. Otras 10 se pelean por el resto. Estimó sumamente peligro que Conarroz fije el desabastecimiento, dedica cuánto y cuándo se compra y a quién se le da el manejo de las importaciones. Enfatizó que eso es "juez y parte". Aquileo Sánchez, de Wall Mart Centroamérica, advirtió que las regulaciones de la Corporación complican el tema de abastecimiento para la cadena comercial y violan la libertad de comercio. Ante las críticas, el presidente de Conarroz, Óscar Campos, recordó que la Corporación nació como una respuesta al abandono del estado a la actividad arrocera y a algunas otras actividades productivas, especialmente agrícolas. "¿Quién haría toda la investigación y transferencia de tecnología para los cañeros si no estuviera la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar?, se preguntó el dirigente arrocero. Invitó a "un debate serio y a no contratar grupos de abogados para defender intereses".
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