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Asamblea de los trabajadores Participación de los asalariados en el tutelaje y fiscalización de los aportesLuis Arnoldo Pacheco Sánchez Igual que hace 10 años, recientemente el directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular me invitó -en compañía de otros panelistas: Francisco Morales, Janina Del Vechio y Miguel Gutiérrez- a la celebración de su XX aniversario. Esta vez me solicitaron que les hablara sobre aquella intervención que se extendió de1983 a 1986 y que culminó con la creación de ese singular congreso laboral costarricense. Este es un extracto de mis palabras. La determinación gubernamental de intervenir el banco se produjo en noviembre de 1983 tras sonoros conflictos internos acompañados de una alarmante morosidad, enormes pérdidas financieras causadas por grandes préstamos mal tramitados o fraudulentos (entre ellos, un megaproyecto de hospital privado), retiro masivo de ahorrantes y, encima, una virulenta campaña contra el banco de parte de "personas, empresas y sectores adversos al banco, con todas las posibilidades para destruirlo" (Decreto Ejecutivo correspondiente). Consolidación. Así, para evitar un colapso terminal -de común acuerdo con Alberto Fait, vicepresidente, y Guillermo Sandoval, Ministro de Trabajo- don Luis Alberto Monge, encargó aquella tan apremiante misión a: Rodolfo Solano O., quien presidió el grupo, Luis Garita B., Max Soto J., Efraín Morales A. y a este comentarista (que, por estar en Bruselas de representante alterno ante la UE y cónsul ante el Benelux, me integré al proceso en enero de 1984).Y, basados en un trabajo de equipo más profesional que inquisitivo, en un semestre logramos poner a flote aquel barco semihundido; luego, sentamos las bases para que en la actualidad se le considere una entidad consolidada y la tercera cartera crediticia del país. Y, entonces -en términos extracomplementarios- a finales de 1985, con el aval presidencial y de la mayoría de los diputados en funciones, decidimos impulsar la institucionalización de un estelar senado muy de los trabajadores ticos. Se trataba de "coronar" el revitalizado edificio estructural del banco con un órgano colegiado cuyos objetivos propiciarían la participación de los trabajadores en el tutelaje y la fiscalización de los cuantiosos ahorros de la fuerza laboral cotizante como en la orientación de las políticas y la valoración de la rendición de cuentas institucionales. También, que se convirtiera -gradualmente- en una academia dirigencial pro humanista para la formación de actores político gremiales que coadyuvasen en la promoción de la democracia participativa nacional. Por extensión. No obstante, el modelado de sus atribuciones principales suscitó apasionados debates sociodoctrinales, en especial en aquellos casos relacionados con la designación de cuatro directores asambleístas que hacen mayoría entre los siete que conforman la Junta Directiva institucional, y la referente al número y representatividad de los asambleístas (290 delegados intergremiales). Así, su desempeño, durante estos significativos veinte años de existencia: ya con aciertos ya con falencias, se muestra acorde con un perceptible liderazgo laboral como con una efectiva tutela tanto de la responsabilidad social cuanto de la marcha financiera del banco. Y, para concluir, creo que -extensivamente- un foro laboral adaptado a la cúpula de la Caja Costarricense de Seguro Social -similar a la Asamblea de los Trabajadores del Popular- no solo ejercería una suprafiscalización sobre la eficiencia en la prestación de los servicios a los usuarios y sobre el manejo del dinero aportado por los trabajadores asegurados, sino que hubiese frenado -de manera oportuna- el lamentable affaire: CCSS-Fischel-préstamo finlandés.
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