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Rechazo a las armas Un valor moral o un límite circunstancial; se vislumbra un choque ético que perduraríaRodrigo Madrigal Nieto Hace pocos días un reportero de otro periódico me preguntó si a mi juicio había alguna contradicción entre la posición del presidente Arias, contraria a la proliferación del comercio de armas, y la cláusula del Tratado de Libre Comercio que autoriza el establecimiento de una fábrica de ellas en Costa Rica y facilita su mercadeo. Mi respuesta fue afirmativa. Me parecía contradictorio, en un país que ha renunciado a la guerra y al ejército como instrumentos de su política exterior; que ha hecho de la neutralidad activa un principio cardinal de su conducta frente a Gobiernos vecinos, que ha condenado la venta de armas menores por lo que contribuyen a la violencia en nuestras sociedades y donde el Presidente pregona como una causa personal que, aunque iniciada desde hace bastante tiempo por las Naciones Unidas, dice haber hecho suya hasta lograr cautivar a todos los premios Nobel de la Paz existentes, que en alguna forma se propiciara la venta o fabricación de ellas. No es el punto. Posteriormente el ministro de Comercio Exterior tuvo la amabilidad de mandarme una declaración en el sentido de que, si bien el Tratado de Libre Comercio contempla una tasa de desgravación a 0% para la importación de armas, esta podría impedirse con la aplicación de medidas para cumplir con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y aun para proteger muchos intereses esenciales de nuestra seguridad. Eso está claro, pero no es el punto. Desde luego que el tráfico local de armas puede controlarse. El punto es de índole moral: La contradicción que surgiría entre los postulados que el Presidente proclama y la eventual instalación en el país de una fábrica de armas pequeñas, cuya producción total sería para el mercado internacional -es decir, no afectaría en nada nuestra estructura política ni nuestra paz- y que por su calibre y dimensiones no pudieran catalogarse como generadoras de un arsenal para amenazar -¿más de lo que está?- la paz del mundo. Ese esquema cabría dentro del Tratado de Libre Comercio, mas el choque ético denunciado perduraría. Por cierto que he de reconocer con gran beneplácito que, según la prensa de hoy, 6 de junio, cuando escribo este artículo, el Presidente ordenó presentar oficialmente, como propio y original, un proyecto de resolución ante la Organización de Estados Americanos, "según el cual los países deben reducir los gastos militares y de armas para reutilizarlos en áreas como la educación", a cuyo fin, supuestamente, se pediría a "los países desarrollados que condonen parte de la deuda que mantienen con las naciones en desarrollo (sic), siempre y cuando estos demuestren que han reducido su gasto en armas para dedicar los recursos a atender el sector social". Prolongada espera. Es para mí muy alentador conocer que al Presidente le haya surgido esta idea porque es exactamente la misma que formulé en una conferencia que di en Klindernhall, Holanda, y que hice pública en un artículo en La Nación del 31 de agosto de 1992 titulado "De la insensatez a la esperanza", en el cual expliqué ampliamente que en aquel foro había "propuesto que se estableciera un mecanismo financiero, por medio del cual se les otorgaba a los países del Tercer Mundo una rebaja en el monto de su deuda externa igual a la cantidad en que redujeran los gastos en seguridad, o bien, por el tanto en que mantuvieran un gasto inferior al promedio de lo que destinaran a ese rubro países similares de su región -como es el caso de Costa Rica en Centroamérica-, siempre y cuando la suma rebajada de la deuda externa fuera invertida en obras de desarrollo y beneficio social para sus pueblos". Ojalá que ahora que la idea "es original" del Presidente, el Gobierno logre que esta medida, que ha esperado 14 años, se convierta en una norma jurídica de obligada observación para beneficio de los pueblos pobres de América Latina. ¿Quién no aplaudiría si el Gobierno logra que estas disposiciones lleguen a ser mandatos claros y definitivos de la estructura jurídica de la OEA?
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