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EDITORIALReforma fiscal y realidad política El impuesto al valor agregado (IVA), bien estructurado, tendría mayor sentido económico y sería muy productivo de inmediatoAl transitar el difícil caminoentre lo deseable y lo posible en materia fiscal, el Gobierno de la República está empezando a constatar que la realidad política se impone. Sus pretensiones de lograr una reforma tributaria ambiciosa, capaz de permitirle recaudar fondos adicionales por un monto equivalente a 4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) para expandir las erogaciones en una serie de rubros prioritarios, pero adicionales (algunos de los cuales ya se han empezado a ejecutar, como pensiones), chocan de frente con la visión (y disposición) más limitada de los demás partidos políticos, que mantienen una agenda muy distinta. Si bien ellos aceptan la necesidad de corregir el desequilibrio fiscal y, algunos de ellos, están dispuestos a dotar de mayores ingresos al fisco, todos exigen, a cambio, un esfuerzo real por disminuir gastos y cobrar mejor los impuestos existentes. Como consecuencia, la reforma fiscal exige una negociación política esmerada. Los tres partidos de oposición más importantes (PAC, PUSC y ML) han reiterado públicamente que, antes de votar nuevos impuestos, el Gobierno debe demostrar con hechos, y no con base en la retórica, su actitud de verdadera austeridad y disposición de cobrar mejor los gravámenes existentes. La jefa de fracción del PAC, Elizabet Fonseca, ha insistido, también, en que los tributos -particularmente el de renta- deben ser más progresivos en el tratamiento de los ingresos que perciben aquellos contribuyentes con mayor capacidad de pago y se opone a reducir el gravamen que soportan las empresas, del 30%. Con eso, se aleja del proyecto de reforma al impuesto sobre la renta que discurre actualmente en la corriente legislativa. Por su parte, la jefa de fracción del ML, Evita Arguedas, ha declarado que su partido no está dispuesto a apoyar el plan fiscal del Gobierno anterior, particularmente renta, pues prefiere orientar al país por el sendero del denominado flat tax (impuesto a tasa única), mucho más sencillo que el acogido como suyo por el Ministerio de Hacienda. Lorena Vázquez, de la Unidad, también ha dicho tajantemente que su agrupación no desea participar en la comisión de expertos tributarios designada por Casa Presidencial en cumplimiento del acuerdo entre el PLN y ML, pues prefiere dialogar directamente con los ministros de Hacienda y de la Presidencia. Tampoco está dispuesta a considerar, siquiera, el trámite expedito contemplado en el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo para tramitar cualquier reforma fiscal. Y, en ese contexto, se perfilan, además, problemas de índole legal en la tramitación del proyecto de reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta que se tramita en la Asamblea Legislativa según ese procedimiento expedito del artículo 208 bis del Reglamento. Como se recordará, ese trámite especial fue diseñado para proyectos de ley más simples, cuya tramitación no genere controversia. Si la Sala Constitucional llegara eventualmente a considerar que la tramitación fue improcedente, tendría el Ejecutivo que volver a empezar. La Sala también ha dicho que no procede tramitar megaproyectos tributarios en un solo proyecto, sin amplios plazos de discusión ni participación de las minorías, por ser incompatible con el principio democrático inserto en la Carta Magna. Para avanzar, el Poder Ejecutivo no tendrá más remedio que dar muestras de la austeridad que se le exige y, simultáneamente, avanzar a paso firme en la reforma del Estado, tantas veces pospuesta por sus predecesores. Pero, como las necesidades fiscales son crecientes, y es urgente la necesidad de nuevos recursos, le conviene variar su estrategia en la tramitación de los distintos tributos. En vez de desgastarse con la controvertible ley de renta del gobierno anterior, cuyo resultado procesal por la vía expedita es incierto, le convendría concentrarse en la trasformación del impuesto sobre las ventas en un verdadero impuesto al valor agregado (IVA), ampliando la base y eliminando las tarifas diferenciadas que se le introdujeron, atropelladamente, al final de la legislatura anterior. Ese impuesto, bien estructurado, tendría mayor sentido económico pues eliminaría las distorsiones en cascada que sufre la ley actual. Además, es de fácil recaudación y, a diferencia del impuesto sobre la renta, comenzaría a producir efectos un mes después de su publicación. Y, si se ajusta la tarifa a -digamos- un 15% en vez del 13 actual, la recaudación aumentaría significativamente, mucho más que renta, y se podría hacer frente, de inmediato, a las necesidades urgentes en infraestructura, educación y salud. Y, así, aliviaría la pobreza y contribuiría a redistribuir la riqueza.
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