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Firma exige $20 millones por proyecto cancelado Consorcio adjudicatario alega incumplimiento por parte del EstadoGobierno ve "incomprensible" que el anterior no hiciera un arreglo Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com La empresa Management &Training Corporation (MTC) reclama al Estado el pago de $20 millones (¢10.200 millones) por el fallido proyecto para construir y operar una moderna cárcel de máxima seguridad en Pococí, Limón. La gestión la presentaron en abril los abogados Francisco Chacón y Jonatán Picado, representantes de MTC ante el Consejo Nacional de Concesiones.
Según el reclamo, los gastos de la empresa durante el proceso de licitación, adjudicación y desarrollo de la licitación ascienden a "no menos" de $4,1 millones. También, calculan la utilidad que hubieran obtenido en la ejecución de la concesión en $31,8 millones. De ese segundo monto, solo se tomaría en cuenta para la indemnización la mitad ($15,9 millones) tal y como lo establece el artículo 63 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas. Los $20 millones resultan de sumar los gastos y la mitad de la ganancia no percibida. El caso está en manos del secretario del Consejo de Concesiones, Luis Diego Vargas, y de la jerarca de Justicia, Laura Chinchilla. ¿Tiempo perdido?La urgencia del tema motivó a que ambos fueran convocados por la ministra saliente, Patricia Vega, el 6 de mayo, dos días antes del traspaso de poderes, para informarlos de la intención de llegar a un acuerdo con la firma adjudicataria. A Chinchilla le extrañó al llegar al Ministerio hallar una carpeta bajo el nombre "Cárcel de Pococí" con solo dos documentos. Uno de ellos fue firmado en marzo del 2005 por Vega y el entonces ministro de Obras Públicas, Rándall Quirós, en el cual acordaban desistir del plan de la cárcel y negociar un arreglo. Desde entonces, ha pasado más de un año sin que que haya acuerdo, confirmó Alejandra Montiel, abogada del bufete Odio y Raven, representante de MTC. Ella se limitó a informar que todavía están a la espera de una propuesta formal del Gobierno para finiquitar de una vez por todas el proyecto de la cárcel de Pococí. Para la actual jerarca de Justicia resulta "incomprensible" que el gobierno pasado dejara pasar tanto tiempo, sin tomar una decisión. "Esa gente (MTC) participó en un proceso, le adjudicaron la obra y cuatro años después no se ha resuelto nada. No está bien", dijo. Cuestionada.La obra fue adjudicada a MTC en enero del 2002 , durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). Se trataba de un penal de 50.000 metros de construcción con celdas para 400 reos de máxima seguridad y 800 de mediana seguridad. El costo era de $72,8 millones. El plan fue impulsado por la entonces ministra de Justicia, Mónica Nágel, como respuesta a la sobrepoblación carcelaria. Según Chinchilla, diariamente, el Estado iba a pagar $28.000 a la firma. "Técnicamente era un proyecto excelente que se trabajó por tres años con la Contraloría y la Procuraduría para hacerlo en forma correcta" , explicó la exfuncionaria. Los cuestionamientos en torno al costo y la seguridad del penal fueron llevados ante la Sala IV que tardó dos años en darle luz verde, aunque con condiciones.
Justicia encontró una solución más barata La construcción de la cárcel en La Leticia de Pococí, Limón, fue planteada a finales de los 90 como la solución para el grave problema de prisiones saturadas. Para entonces, se manejaba una sobrepoblación de un 20% en el Centro Penitenciario La Reforma, el más grande del país, un 130% en la Unidad de Admisión de San Sebastián, San José, y del 53% en la de Limón. Aquella defensa férrea del proyecto cambió en la administración de Abel Pacheco, que desde el principio descartó el plan de Pococí y optó por una respuesta más barata para el Estado. Según un informe que dio a conocer en los últimos días de su gestión la anterior ministra de Justicia, Patricia Vega, la sobrepoblación quedó en cero. Para lograrlo, a partir del 2003 se intensificó la construcción y ampliación de centros penales. Desde entonces, se abrieron 2.248 espacios con un costo de $10 millones. Los proyectos de mayor importancia fueron el nuevo módulo de máxima seguridad para 80 reos en La Reforma y la cárcel del Adulto Joven, en ese mismo centro penal, en San Rafael de Alajuela. De acuerdo con las estadísticas de Justicia, a mayo estaban presas 7.731 personas y había 409 espacios sin ocupar. Patricia Vega dijo en aquel momento que la única estrategia fue un plan sostenido de construcción, el cual aconsejó continuar durante esta administración.
En pocas palabras Mónica Nágel Exministra de Justicia 1998-2002 Aún defiende plan de cárcel ¿Se siente frustrada? Me sentí frustrada hace cuatro años. Lo que tengo ahora es rabia de que no hayan tomado una decisión en un asunto que deja mal al gobierno con un inversionista extranjero. ¿Era posible? Era necesario desde mi punto de vista. Era caro porque la seguridad y la rehabilitación tienen un costo alto. La concesión era una opción y vimos buenos resultados en otros países y el dinero estaba. ¿Había dinero? Hubo una transferencia inicial, cuando se adjudica.
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