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OIJ investiga fraude en el ICE por ¢480 millones con celulares Propietario de una compraventa en San José también está entre sospechososICE informó de que irregularidad ocurrió durante los dos últimos años Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com La Policía Judicial investiga a dos ejecutivos de ventas del servicio celular del ICE como presuntos implicados en un fraude por ¢480 millones. A uno de los sospechosos, de apellido Vargas, de 33 años, lo detuvieron ayer durante un allanamiento en la agencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en San Pedro, Montes de Oca, San José. El otro posible implicado, de apellido Chaves, de 43 años, quien trabaja en la misma oficina, está bajo custodia policial. Ayer se hallaba internado en un centro de rehabilitación para alcohólicos. Para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hay un tercer implicado, dueño de una compraventa en el centro de San José. Aunque se allanó el negocio y su casa en Río Azul, La Unión, Cartago, no lo pudieron localizar. Orlando Cascante Moraga, director de Servicios Móviles del ICE, indicó que el fraude deja pérdidas -en promedio- de ¢20 millones por mes.
La irregularidad se ha cometido en los últimos dos años, por lo cual el monto asciende a ¢480 millones, añadió. Organización. Las pesquisas se iniciaron hace año y medio, y las coordinaron la Oficina de Gestión de Seguridad del ICE, la Sección de Fraudes del OIJ y la Fiscalía de Fraudes. Se trata de una banda muy bien organizada y con contactos en diversos lugares. Quizás está integrada por nacionales y extranjeros, según los informes. El grupo operaba de dos diferentes maneras: activaba celulares robados y otorgaba el servicio a indigentes y otras personas que no habían solicitado línea celular. A los dos funcionarios del ICE se les implicó en el hecho después de varios seguimientos y tras la filmación de los trámites que realizaban, entre ellos la activación de los teléfonos móviles. Según la Policía Judicial, se convirtieron en facilitadores pues permitían que se usaran documentos falsos -como facturas de teléfonos, recibos de agua y luz- cuando otorgaban una línea a una persona que no la había solicitado. Igualmente, permitían que indigentes obtuvieran una línea celular, pese a no tener recursos para pagar el recibo telefónico. El ICE detectaba el fraude cuando la factura de cobro no era cancelada y el asunto pasaba a cobro judicial. En unos casos se determinaba que el cliente era un indigente, que vivía en las calles y no tenía capacidad de pago. En otras situaciones resultaba que el deudor alegaba y demostraba que nunca se había presentado al ICE a gestionar un celular y que los documentos de agua, luz y teléfono eran falsos. Informes del ICE detallaron que estas líneas eran usadas para hacer llamadas internacionales los viernes, sábados y domingos. Por tanto, los recibos siempre eran por montos muy elevados. Con los robados. Según las pesquisas, la misma organización (faltan otros miembros por identificar) utilizaba una compraventa, en el centro de San José, para cometer el fraude. Supuestamente, con la complicidad de esos empleados del ICE, activaba celulares cuyos dueños habían presentado denuncias por robo. En este caso, un cliente adquiría el aparato en la compraventa y se presentaba al ICE para activarlo. Esos trabajadores del ICE no revisaban o pasaban por alto la denuncia de robo. Orlando Cascante, aunque no quiso mencionar la cantidad de teléfonos en esta situación, afirmó que eran "centenares". Fuentes policiales dijeron que durante el allanamiento a la compraventa se decomisaron alrededor de 50 teléfonos celulares con denuncia por robo, una de las cuales se produjo el lunes.
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