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Reclamos monetarios difíciles para familias 15 policías murieron en 10 años mientras cumplían con su deber La mayoría de los decesos (10) obedecieron a ataques del hampaEste año un oficial se ahogó durante una persecución y a dos les dispararon Otto Vargas M.y Rubén Bonilla ovargas@nacion.com Al policía Emel Fajardo Rosales la vida se le escapó el 12 de noviembre del 2004 mientras intercambiaba balas con una violenta banda de asaltantes. El proyectil de un fusil AK-47 lo alcanzó en un ojo mientras perseguían el carro de los sospechosos por Bananita de Matina, Limón.
Los tres responsables del homicidio recibieron el viernes 110 años de cárcel -cada uno-, pero el drama para su familia no cesa. Desde aquel día, su esposa, hija y su madre quedaron en desamparo pues sobre los hombros de Fajardo recaía la responsabilidad económica del hogar. "No nos han pagado ni un cinco por la muerte de mi hermano", sostuvo Paulina Fajardo. En la última década otros 14 policías cayeron en cumplimiento del deber. Más allá del dolor de perder a un ser querido, algunas familias terminaron enfrascadas en agrias disputas económicas con el Estado. En ese tiempo el hampa disparó a 10 policías, tres murieron en accidentes de tránsito, otro cayó desde un edificio y al último lo arrastró un río mientras perseguía a unos delincuentes. Tres indemnizaciones ya fueron aceptadas, otra se declaró sin lugar, dos fueron rechazadas y otras dos -las de dos policías asesinados este año- están en proceso de estudio. De los otros casos no fue posible conocer su estado. Pugna. De acuerdo con Érick Lacayo, director de Operaciones de la Fuerza Pública, el cobro de la indemnización no es sencillo. "El pago de dineros en la administración pública es un proceso complicado pues primero hay que ver si las causas (del deceso) obedecen al cumplimiento del deber", explicó. Rosa Martínez, esposa del policía Franklin Camacho, vivió en carne propia esas dificultades. El agente murió en San Pablo de León Cortés en 1999 al recibir cinco balazos de manos de uno de los sujetos que atacó la estación de servicio de esa localidad. "Tuve que librar una ardua pelea durante dos años; hubo muchas dificultades. "Cuando mataron a mi esposo a casa vino hasta el presidente Rodríguez (Miguel Ángel) a ofrecerme ayuda. Dijeron que a mi hija le iban a dar una beca para que estudiara, pero al final se olvidaron de la promesa", contó. La tristeza no se aleja. "Viví muy triste y con depresiones. A veces siento que al gobierno no le importó mucho la vida de mi esposo. "Él dio la vida por la patria. Costó demasiado que me dieran una indemnización. Al principio solo me daban ¢34.000 como pensión", contó doña Rosa Martínez. Con ayuda de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y la intervención del exministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, ella obtuvo una indemnización de ¢10 millones. En algo coinciden las viudas. El dinero jamás llenará el vacío que dejaron sus seres queridos. Familias golpeadas. Carol Mejía apenas pudo compartir con su esposo un mes de vida matrimonial. El 16 de noviembre del 2002 German Alfaro se accidentó en La Bomba de Limón mientras conducía una moto en mal estado. Al caerse sufrió una herida en la arteria femural. Murió desangrado a un lado de la vía. "La muerte de mi esposo fue responsabilidad del Estado. Cuando se accidentó no tenía medios para pedir ayuda; ni siquiera un radio. "Quedé sola y con un hijo que hoy tiene cuatro años", dijo. Ese drama apenas lo empiezan a vivir las familias de los tres policías fallecidos este año: a dos les disparó el hampa; otro se ahogó en Limón al caer en un río. Al oficial Roy Sarmiento la muerte le impidió conocer a su hijo primogénito. Su esposa tenía seis meses de embarazo. Día libre. La familia de Margio Chow -pertenecía a la Unidad de Intervención Policial (UIP)- tampoco tiene las cosas fáciles. El oficial entregó su vida por defender a un automovilista que era víctima de un asalto cerca del río Barbilla, en Limón. Al agente lo mataron en su día libre. En ese caso, los representantes legales de la familia deben demostrar que pese a no estar en horas laborales, Chow murió mientras procuraba impedir un mal mayor para un ciudadano. "La muerte es un riesgo que encaramos todos los días; cada vez que nos ponemos el uniforme. A veces pensamos que podemos ser la próxima víctima. Cuando ocurre algo así, todos quedamos impactados", expresó Érick Lacayo.
Ley del 2001 estableció indemnización para oficiales Rubén Bonilla C.y Otto Vargas rbonilla@nacion.com La Ley general de policía, del 2001, establece el derecho de las familias de los agentes que mueran en horas de trabajo a una indemnización, así como a la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Nacional de Seguros (INS). Antes de ese año solo estaba contemplado el pago de una pensión, no así de una compensación económica. Esa restricción afecta a Olga María Junes Leal, quien dijo sentirse hoy "sola y desamparada". Ella es la viuda del guardia civil Gerardo Pérez Rivas, quien falleció en 1999 durante una persecución para atrapar a los asaltantes de un mensajero en Liberia. Reclamo. "La Ley general de policía dio un plazo de seis meses para que los familiares de los fallecidos antes de la ley interpusieran un reclamo" , dijo Érick Lacayo, director de operaciones del MSP. El problema es que ni el gobierno ni la Fuerza Pública dieron aviso a los parientes, según sostiene Carlos Calderón Padilla, hijo del guardia rural Valerio Calderón Azofeifa. A este policía lo atacaron con arma blanca en Palmichal de Acosta en el 2000. "Nadie nos avisó que teníamos derecho a reclamar ese dinero. Mi madre recibe ¢62.000 por parte de la Caja y ¢90.000 del INS por pensión. "Desde el principio nos sentimos abandonados por parte de las instituciones y nos enteramos hace poco del derecho a esa indemnización. El lunes (hoy) iré a Seguridad Pública para enterarme de cómo reclamar ese dinero", señaló Carlos Calderón. Algunas familias que perdieron a un policía antes de la vigencia de Ley recibieron el beneficio de 60 salarios. "En cuatro meses nos dieron unos ¢6 millones. Además, recibo unos ¢180.000 por mes en pensiones", contó María Emilia Vargas, viuda del oficial Manuel Araya. El agente murió durante una persecución en el 2000. Doña María Emilia dijo estar satisfecha con la compensación recibida.
Oficiales recibieron máxima condecoración Otto Vargas M.y Rubén Bonilla ovargas@nacion.com Un sencillo pero emotivo acto sirvió al entonces ministro Rogelio Ramos para condecorar -el último día de su gestión- a tres policías muertos este año mientras cumplían con su deber. Familiares de Margio Chow, Roy Sarmiento y Mario Molina recibieron la medalla al valor como un homenaje póstumo. "Este ha sido un acto muy lindo, en medio de tanto dolor y angustia. Mi esposo amaba su trabajo; sé que murió feliz. "Para nosotros ha sido muy duro. Tengo una niña de un año y medio. Los papás de Mario son personas mayores que quedaron solas", comentó Lílliam Canales, la viuda de Molina. El oficial se lanzó al río Banano, en La Bomba de Limón, tras los sujetos que asaltaron un camión repartidor de gas. Homicidio. Ivette Agüero lloró al recibir la medalla. Ella perdió a Roy Sarmiento, un bachiller en investigaciones criminales que laboraba como agente encubierto para la Policía Metropolitana. La señora tenía poco más de seis meses de embarazo cuando unos asaltantes hirieron en la cabeza a su esposo. "Desde el momento que lo hirieron hasta la semana que pasó en el hospital fueron días muy difíciles; ahora que él no está son más. "Él nunca dijo no a su trabajo. Estaba dispuesto a dar su vida", expresó la viuda. A Sarmiento le disparó un individuo que poco antes había asaltado un local en Plaza González Víquez, San José. El ataque se produjo a quemarropa.
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