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Contraloría ausente Rodolfo Saborío Valverde No puede menos que llamar la atención que en el desmantelamiento de los privilegios inconstitucionales con que los políticos compraron el silencio de los sindicatos en las últimas tres décadas, la Contraloría General no haya tenido participación alguna. Hace diez años, escribí un comentario en estas páginas en que instaba al ente fiscalizador a interponer acciones directas de inconstitucionalidad, como la ley la faculta desde 1989, contra las prebendas irrazonables de las convenciones colectivas y contra las normas lesivas del patrimonio público. Podría pensarse que el guardián de la Hacienda Pública tenía mejores cosas que hacer, como evitar que los políticos entraran a saco a las arcas del Estado. Pues no, tampoco estaba dedicada a ello, como ha quedado demostrado con lujo de detalles en los últimos años. Es cierto que, si no existiera la Contraloría, el asalto habría sido mucho mayor, pero cabe preguntarse ahora por qué no se ha efectuado ningún cambio normativo y operacional profundo como respuesta a la cleptocracia endémica que quedó al descubierto. ¿Será porque el cambio debe ser hecho por los mismos políticos?
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