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EDITORIALUrgente definición fiscal La confianza y el optimismo pueden disminuir si no se define pronto el futuro de la situación fiscalUna mayor exacción debe acompañarse de austeridad real y capacidad de organización El país está en calma. Se respira un aire de relativa tranquilidad en los ámbitos económico y financiero, debido, en parte, al cambio de administración. Las expectativas de los usuarios y consumidores costarricenses han mejorado según la última encuesta de opinión realizada a petición de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (Ucaep), y el índice mensual de actividad económica (IMAE) que calcula el Banco Central revela un cierto repunte de la producción. Pero esa calma podría durar poco si no se define pronto el futuro de la situación fiscal ni el tipo de gravámenes que pretende imponer la presente administración. Todos desean saber cómo se afectarán sus bolsillos y cuáles serán los efectos económicos y sociales. El diagnóstico de las finanzas públicas es, de sobra, conocido. Ha llegado a ser prenda común de los dirigentes y analistas de todos los sectores políticos y privados. Tal y como argumentó el ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el pasado 30 de junio, en el 2005 hubo una reducción de la deuda pública (como porcentaje del PIB) gracias a la posposición de gastos en una serie de rubros importantes, como educación, seguridad e infraestructura, y los ingresos de la recaudación tributaria crecieron a tasas elevadas, superiores a la inflación. Eso permitió reducir el déficit financiero del Gobierno central a un porcentaje relativamente bajo, alrededor del 2% del PIB. Pero el déficit real o potencial, medido por la carencia de bienes y servicios, permanece elevado. Algo similar ocurrió en los primeros 4 meses del 2006: los ingresos crecieron satisfactoriamente (483 millones de colones) y los gastos fueron relativamente comedidos (336 millones), por lo que aumentó el superávit primario (sin intereses). Pero, cuando se suma el rubro de intereses, ese superávit desaparece. El presupuesto total autorizado para este año asciende a la suma de 2,7 billones de colones y excede en mucho el monto de ingresos, que apenas llega a 1,4 billones de colones. El faltante salta a la vista. Además, los gastos están fuertemente comprometidos: el 51% corresponde al pago de la deuda pública; el 23% se destina a salarios; el 10% se dedica a cubrir las pensiones otorgadas, mientras que apenas el 1,8% corresponde a servicios. Para usar una expresión popular, la acción del Estado en beneficio del desarrollo está prácticamente hipotecada. La situación es clara. El Gobierno necesita más ingresos. Pero, antes, deberá hacerse un esfuerzo extraordinario por cobrar mejor los impuestos existentes y reducir gastos innecesarios. El Ministro también lo tiene claro. Pero aún no ha hablado claramente. Ante la Comisión de Hacendarios expresó que su trabajo se concentraría en mejorar la gestión de la deuda mediante el replanteamiento (muy necesario) del perfil de la denominada curva soberana de intereses, aumentar la recaudación tributaria combatiendo la defraudación fiscal (endureciendo controles y penas a los evasores) y presentar una reforma tributaria. Pero no ha esbozado qué planes concretos tiene para reducir o racionalizar el gasto ni ha definido cuáles impuestos adicionales presentará a la Asamblea Legislativa. Al Ministro se le ha visto muy activo en distintos foros difundiendo los problemas heredados de la administración anterior y tratando de ganar apoyo para una reforma tributaria que, hasta este momento, ha mantenido en estricta reserva. Ha estado realmente acertado en el diagnóstico, las perspectivas de la deuda pública y los riesgos asociados con su acumulación si no se actúa con determinación y firmeza. También ha mencionado con candidez que pretende recibir ingresos adicionales por un monto equivalente a 4 puntos porcentuales del PIB (unos 400.000 millones de colones), la mitad de los cuales provendría del plan fiscal del gobierno anterior (2% del PIB) y otro tanto similar de nuevos impuestos. Pero, insistimos, no ha revelado cuáles serían esos impuestos adicionales ni las acciones a emprender para controlar el crecimiento del gasto. Y esa omisión, de continuar, podría generar incertidumbre, afectar las decisiones económicas y acabar con el período de la luna de miel del gobernante, indispensable para avanzar. Es conveniente, entonces, que el Ministro aclare de una vez por todas cuáles medidas administrativas se están barajando internamente en el Gobierno y cuáles impuestos adicionales solicitará a la Asamblea Legislativa (en ese orden). Deberá estar preparado, también, para defender la justicia y equidad de cada una de esas medidas y explicar cuáles serán sus efectos económicos y sociales, hasta ahora desconocidos. No basta, pues, con insistir en una mayor exacción si, previamente, no se demuestra austeridad y capacidad de reorganización, y se explica transparentemente cómo se afectarían el ahorro, la inversión y producción con un abrupto aumento de impuestos, equivalente al 4% del PIB.
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