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Ocho meses de atrasos en pruebas de balas y vehículos En abril había 2.245 pendientes; todos los análisis tienen retrasoAutoridades lo atribuyen a cantidad de investigaciones y falta de equipo Irene Vizcaíno G. ivizcaino@nacion.com En el país mueren cada año, en promedio, 200 personas por el uso de armas de fuego. Para cada caso, la Policía Judicial abre una investigación y dentro de esta es necesario analizar las balas y armas encontradas, trabajo que realiza la sección de pericias físicas del Departamento de Ciencias Forenses.
El problema es que para tener en sus manos los resultados del estudio de un proyectil, los agentes deben esperar ocho meses. Es decir, que una investigación podría estar paralizada durante todo ese tiempo, pendiente de prueba esencial para demostrar que se cometió un delito y dar con los responsables. Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que para abril había 2.245 pericias físicas en lista. Se trata de dictámenes sobre características de proyectiles pero también estudios de motores, chasis y otras partes de vehículos alterados o robados que igualmente deben raspar y estudiar para establecer si son verdaderos. Los atrasos se repiten también en especialidades como biología forense (análisis de vellos y pelos), bioquímica (estudios de ADN), química analítica (detección de pólvora y análisis de droga), toxicología ( drogas en la sangre), y tránsito y planimetría (mediciones en accidentes viales). Todas estas tienen entre 1,7 y 3,4 meses de retraso. Lo mismo ocurre con el estudios de documentos dudosos, que se realizan para probar delitos como estafa o falsificación de documentos. Para abril había 414 investigaciones en espera. Falta inversión.Para Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la causa principal del problema es obvia: mucho trabajo y poco recurso. "Nos falta hacer la inversión de acuerdo con las necesidades. Hay que considerar que estas pruebas sirven de apoyo importante a la decisión de los jueces", dijo . Según Rojas, hay que tomar en cuenta que la delincuencia se tecnifica y cada vez cuesta más probar los hechos con la desventaja de que la gente tiene cada vez menos interés para colaborar en los procesos judiciales. A pesar de todas los argumentos, no existen posibilidades en el corto plazo para que el OIJ resuelva la urgencia. Por ejemplo, el presupuesto asignado a compra de equipo, que va desde armas y chalecos para los agentes hasta reactivos químicos para los laboratorios forenses, es de ¢3.565 millones. Entre tanto, el identificador de proyectiles denominado IBIS, necesario para reducir la presa de pericias físicas en balística, cuesta $1,5 millones (¢765 millones). Con ese aparato, se intenta dar la misma solución que hace diez años se logró con el identificador de huellas. Con ese instrumento la comparación de una huella que tardaba meses se hace en minutos. También falta un nuevo aparato para rayos X que permita resultados de autopsia más rápidamente pues en la actualidad los médicos forenses deben tomar una radiografía por cada parte del cuerpo. Otras complicaciones.Además del problema del tiempo, los fiscales que dirigen las investigaciones suelen encontrar otra dificultad al momento de recurrir a peritos. Se trata del nombramiento de peritos particulares para realizar consultas. En otras palabras, para que rindan dictámenes para confirmar o no resultados. Esos expertos se usan, principalmente, en pesquisas por malas prácticas médicas, conducta que se encuadra en los delitos de lesiones u homicidios culposos. "Hay ocasiones en las que no encontramos especialistas o los que localizamos no pueden porque son conocidos de los investigados", explicó la fiscal de Delitos contra la Vida, Silene Castro. Incluso, el año pasado se toparon con un caso en el cual se requería el criterio en una especialidad para la cual solo había un solo médico. Él no pudo ayudar por su amistad con los imputados.
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