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Gobernabilidad nacional La reforma básica versa sobre sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea LegislativaVladimir de la Cruz Una cuestión que es urgente debatir nacionalmente es la necesidad de modificar la Constitución Política para cambiar el orden de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa, de manera que se inicie con las llamadas extraordinarias y no con las ordinarias como está establecido. El trabajo del Congreso es de períodos anuales, llamados legislaturas, que comienzan el 1.º de mayo y terminan el 30 de abril, las cuales se dividen en sesiones ordinarias, de seis meses, divididas en dos períodos, del 1.º de mayo al 31 de julio y del 1.º de setiembre al 30 de noviembre, y las sesiones extraordinarias durante el mes de agosto y desde el 1.º de diciembre hasta el 30 de abril. La importancia de esta variación puede apreciarse mucho mejor con el cambio de gobierno el 8 de mayo. Veamos. El presupuesto de la República de cada año se aprueba antes del 30 de noviembre del año que le antecede. En este caso el nuevo gobierno inicia sin haber tenido iniciativa alguna en la definición del Presupuesto del año 2006, con lo cual, en cierta manera entra amarrado, y solo podrá actuar respecto a sus programas y ofertas electorales con el primer presupuesto extraordinario que impulse, para poder desarrollar obra de gobierno y tratar de cumplir lo que se haya prometido, o para ajustar el Presupuesto a la atención de las necesidades políticas del Gobierno. Mientras tanto, ejecutará el Presupuesto Nacional de conformidad con las políticas y necesidades definidas precisamente por el gobierno saliente hasta noviembre. En las sesiones ordinarias son los diputados y sus partidos los que tienen la iniciativa en la formulación y aprobación de proyectos de ley, mientras en las extraordinarias es el Poder Ejecutivo el que propone los proyectos de ley. Así, desde mayo hasta diciembre, los diputados sobre el Poder Ejecutivo tienen más tiempo real para impulsar proyectos de ley, y el Gobierno queda sujeto a su representación parlamentaria. El impulso del triunfo electoral, independientemente de si nos gusta o no el Partido y su equipo ganador, se frena institucionalmente, ya que por no tener mayoría parlamentaria, como ha sucedido en las últimas cuatro administraciones, el Gobierno no puede desarrollar obra propia, durante casi un año, lo cual entraba la labor de gobierno y la legislativa. De hecho, el Poder Ejecutivo tiene solo el mes de agosto y debe esperar hasta diciembre de un período relativamente largo, de 5 meses, para disponer de su propia iniciativa. Para cualquier Gobierno que empieza es fatal. Y, probablemente, por los efectos de perder la iniciativa de arranque del Gobierno, y de impulsar sus propios programas, es también funesto para el país y los votantes, que esperan la realización y cumplimiento de promesas y programas electorales. La lógica política. Si se iniciara el 1.º de mayo con las sesiones extraordinarias, sin lugar a dudas, el Poder Ejecutivo, en este caso el nuevo Gobierno, tendría posibilidad inmediata de articular sus propios proyectos de ley, de tratar de cumplir con lo ofrecido en la campaña electoral y de organizar sus planes de gobierno armónicamente con lo que estén tratando también de aprobar en la Asamblea Legislativa. Es dar la oportunidad efectiva de gobernar. Así, también, es más fácil evaluar los primeros 100 días de gobierno como se ha venido estilando en las últimas administraciones. En la lógica política de la mejor administración pública así debería funcionar la Asamblea Legislativa, primero con las sesiones hoy extraordinarias, que bien podrían llamarse sesiones ejecutivas, y luego con las ordinarias, en los mismos tiempos que están establecidos en la Constitución. Incluso, de esta forma, los problemas nacionales habituales y recurrentes podrían atenderse mejor. Ventajas de este cambio son, para las sesiones de iniciativa de los diputados, que toda la discusión del Presupuesto Nacional quedaría dentro de las sesiones de iniciativa del Ejecutivo, teniendo ellos más tiempo real de discusión de proyectos propios de los partidos; y, se reduciría el tiempo de recesos parlamentarios que los diputados se autorrecetan, porque estarían suje- tos a lo que tenga en agenda parlamentaria el Poder Ejecutivo, en los períodos de mayor actividad productiva nacional, desde marzo hasta noviembre. Lo ideal hubiera sido que antes de mayo se pudiese haber aprobado este cambio de sesiones, con voluntad política nacional y parlamentaria, para tratar de corregir estoe proceso de administración y gobernabilidad pública, para que en la segunda legislatura de discusión de esta reforma constitucional, a partir de mayo, se hubiere aprobado y ejecutado de inmediato, y dar oportunidad así al nuevo gobierno de impulsar sus programas y planes legislativos de desarrollo nacional de forma inmediata. Esta situación por razones de procedimiento técnico parlamentario, y de tiempo, no pudo darse, ni fue planteada y, además, porque la reforma constitucional es calificada y rígida y exige dos legislaturas. Una oportunidad más. Como este cambio no funciona con esa celeridad, bien podría empezar a discutirse esta iniciativa a partir de este junio, como parte de las reformas que señaló el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, que urge implementar para una mayor gobernabilidad y, de aprobarse, someterla a la segunda legislatura en mayo siguiente, con un artículo transitorio para iniciar de inmediato, una vez aprobada la reforma, con lo cual el tiempo de gobierno, en cuanto a iniciativa legislativa se prolongaría desde diciembre del 2007, prácticamente hasta diciembre del 2008, y ordenando a partir de ese momento el trabajo de las sesiones parlamentarias de manera más acorde con el propio desarrollo político e institucional nacional. De esta manera, se facilitaría que, a partir del 2010, el Gobierno de entonces inicie desde mayo con su propio plan de gobierno aprobado popularmente por la mayoría electoral. Los asuntos relacionados con la integración del Directorio Legislativo y el informe El estado de la nación quedarían igual que hoy para el 1.º de mayo de cada año, que nada tendrían que ver con esta reforma. Y, cuando haya cambio de gobierno, entre el 1.º y el 8 de mayo, se discutiría de modo exclusivo y con total amplitud el informe final del gobernante, que es parte del control político. Al margen de cualquier otra discusión nacional, con TLC o sin él, esta es la reforma más urgente que debemos enfrentar y que facilita la mayor gobernabilidad nacional, que a todos nos debe interesar. Debemos darnos una oportunidad como país, como conglomerado político, como comunidad nacional, si realmente queremos sacar adelante a Costa Rica y aspirar a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. Este puede ser un camino no exento de discusión.
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