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EDITORIALUn guion conocido Un disco rayado en el sector público: el Consejo Nacional de Producción perderá 2.215 millones de colonesEl programa de reconversión productiva requería previamente un programa de reconstrucción ética y técnica El Consejo Nacional de Producción (CNP) perderá 2.215 millones de colones en dos proyectos agrícolas, tal como informamos ayer. Uno es un plan para la siembra de 780 hectáreas de raíces tropicales, en especial de ñame, a cargo de la Asociación de Productores Manos Unidas. El otro, dirigido y administrado por la Cámara Nacional de Productores de Plátano (Canapropia), recibió cerca de 1.600 millones de colones para la siembra de 1.109 hectáreas de plátano. Ambas organizaciones tienen su sede en la región del Caribe. Estos proyectos, investigados por la actual administración del CNP, echaron a andar bajo el alero de la Ley del Programa de Reconversión Productiva del 15 de enero de 1997, financiada con una transferencia del 5% de los ingresos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Este programa siguió adelante, pese a las objeciones de la Contraloría General de la República, en el año 2000, fundadas en su falta de definición y en la incapacidad administrativa de los agricultores. Además, la auditoría del CNP, encargado de la administración de este programa, advirtió, el 6 de mayo del 2002, que el 68% de los recursos (más de 5.000 millones de colones) estaba "en atención especial". El CNP intervino 11 proyectos mal administrados, en julio del 2002. Por otra parte, se puso fin a una huelga en dicha zona, en setiembre del 2003, por la ayuda financiera de cerca de 2.000 millones de colones dados por el Gobierno a los dos grupos citados anteriormente. La auditoría del CNP ha concluido que se entregó dinero a personas carentes de tierras y a otros que nunca las cultivaron. Además, un grupo acusó a otro por mal manejo de los recursos y por retención indebida de fondos. En fin, tenemos aquí todos los elementos, conformadores del guion o partitura de numerosos actos de corrupción y de pésima gestión pública, esto es, de despilfarro, irresponsabilidad, negligencia, impunidad, imprevisión y todos los factores propios de un Estado que ha perdido el norte. En este caso, sobresalen algunos elementos típicos, reiteradamente comentados en esta sección: la invención o realidad de un problema social para acarrear fondos públicos, sin criterio ni estudio previo; el uso de recursos de Fodesafaf sin ton ni son; el chantaje de una huelga contra un Gobierno débil para extraer beneficios del Estado; las oportunas llamadas de atención de la Contraloría General de la República sobre un costoso programa, ante la indiferencia del CNP y del Gobierno; la distribución de recursos públicos para proyectos en el aire, sin un estudio de factibilidad medianamente serio y, por supuesto, la ausencia de control y de evaluación en su desarrollo. En este cuadro de irresponsabilidad, el informe de la auditoría del CNP es valioso, pero tardío. El mal ya está hecho y, como suele ocurrir en el manirroto Estado costarricense, nadie será responsable de nada. Este ha sido, dolorosamente, el itinerario de numerosos proyectos, ocurrencias y hasta de leyes por muchos años, al margen de los más elementales principios técnicos y prácticas sanas de administración, y a contrapelo, en muchos casos, de los valores éticos básicos. Este es, por ello, uno de los desafíos más serios de la actual administración. Si la Sala Constitucional ha dado el ejemplo cerrando las puertas del bazar de los privilegios y las gollerías, el Gobierno debe extirpar el tumor de la mala gestión pública, por donde se escurren torrentes de recursos, en medio de la más amplia impunidad.
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