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80 discapacitados pierden su fuente de ingresos Afectados dejaron de percibir ¢5.000 mensuales por tareas manualesAsociación promete reabrir local si resuelve problema administrativo Cristina Ventaja C. cventaja@nacion.com Las penurias económicas de 80 a personas discapacitadas y sus familias crecieron en los últimos seis meses debido al cierre de un taller que les pagaba ¢5.000 mensuales por realizar ciertos trabajos manuales. El taller Industria de Buena Voluntad, ubicado en Desamparados, San José, fue desalojado en diciembre en medio de una disputa entre la asociación que administra ese local y los familiares de los afectados. Cincuenta de las 80 personas que allí trabajaban fueron reubicadas, en forma temporal, en un local de la Asociación de Desarrollo Integral de Gravilias, también en el cantón de Desamparados. En este local ellos no perciben ninguna remuneración. Esta situación tiene muy preocupada a Katherine Núñez, de 23 años. Ella comentó que el dinero que ganaba en la Industria de Buena Voluntad le permitía pagarse los pasajes de bus. Esta joven vive con su abuela. Ambas subsisten ahora solo con la ayuda económica que les da un familiar. Condiciones.Dificultades similares a las de Katherine afrontan otras personas que trabajaban en el taller. Ellos realizaban allí tareas como armar prensas de ropa o alistar canastas de víveres para vender en los supermercados. En ese local incluso tenían la oportunidad de participar en diversas actividades culturales y recreativas. Los padres de familia opinan que el salón de Gravilias carece de condiciones adecuadas para albergar un taller. Eva Alvarado, madre de un joven de 21 años que sufre retardo moderado, afirmó que las actuales instalaciones no están adaptadas a las necesidades de los muchachos que trabajan allí. "En el otro centro estaban bien. Tenían organizadas sus actividades y trabajos, así como sus áreas de descanso", relató. Enfrentados. Desde el cierre del taller, los padres de familia y la junta directiva de la Asociación Industria de Buena Voluntad (encargada del taller) se han enfrascado en un cruce de dimes y diretes. Elizabeth Romero, presidenta de la Asociación Desarrollo Integral de Gravilias, sostuvo que la Asociación solicitó la presencia de la Fuerza Pública durante el desalojo y que eso provocó graves trastornos a los discapacitados. Marcos Zúñiga Jiménez, de 30 años, relató: "Algunos de mis compañeros sufrieron ataques epilépticos, yo tengo también este problema, pero no tuve ninguna crisis ese día". Pero María Ileana Mora, presidenta de Industria de Buena Voluntad, aseguró que el operativo se produjo cuando los muchachos se encontraban en vacaciones. "El centro fue cerrado por problemas de presupuesto, fruto de una mala administración", aseveró Mora. La funcionaria afirmó que la medida no tienen ninguna mala intención y anunció que una vez que se resuelvan los problemas administrativos se podrá reabrir el taller. No obstante, los padres señalan a esta funcionaria como la responsable de haber dejado morir, económica y jurídicamente, a la institución. La Nación consultó sobre este tema al Consejo Nacional de Rehabilitación. Personeros de esta organización afirmaron que la reapertura del taller es difícil debido a las posiciones distanciadas que mantienen las partes.
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