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EDITORIALLa otra cara de la corrupción En cuanto a la exigencia del cumplimiento del deber, la impunidad en nuestro país no ha tenido límitesLa ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, dijo ayer lo siguiente: el 53% de las carreteras nacionales tienen huecos y la totalidad de las vías cantonales se encuentran en mal estado. Además, el deterioro de las carreteras es consecuencia del progresivo abandono de las labores de mantenimiento. Se requieren ¢400.000 millones para reparar las carreteras, esto es, casi el total del plan fiscal. Luego, agregó: "Es cierto que no tenemos dinero, pero el que hay tampoco se ha gastado bien". Por su parte, el viceministro del MOPT, Pedro Castro, enunció algunas medidas para paliar esta situación y agregó que este ministerio dispone de mucho personal, pero de pocos recursos. Este diagnóstico duro, pero real, presenta las tres causas principales del desbarajuste vial de nuestro país: exigüidad de recursos, incompetencia técnica (abandono de la indispensable labor de mantenimiento) e impunidad. Nos detenemos, por su gravedad y alcance, en este. Si el dinero, como dice la titular del MOPT, no se ha gastado bien, puede ser por alguno de los siguientes motivos, entre muchos otros que se pueden incluir: deficiente planeamiento vial, mala ejecución de los proyectos, uso de materiales inapropiados, inadecuada supervisión... Y, si la lista se agrandara, se llegaría a dos conclusiones: plétora de denuncias, de parte de la prensa y de la Contraloría General de la República, e impunidad total. ¿Cómo explicar que, siendo este uno de los temas favoritos de los medios de comunicación, eco de varios años de quejas y críticas de parte de la población, su víctima, y siendo que los informes de la Contraloría abundan en censuras y llamadas de atención no solo por el estado de las carreteras, sino por la desidia e incompetencia del MOPT, no se haya sentado la responsabilidad correspondiente en los funcionarios, por acción o por omisión, y en las empresas constructoras? ¿En qué consistió el control político de la Asamblea Legislativa en estos ocho años tanto en el funcionamiento del MOPT y de Conavi, como en la displicencia o indiferencia con que se observaron fallas sin cuento y no se sancionó a los responsables, tanto en el sector público como en el privado? Si los recursos públicos aplicados a la construcción, mantenimiento o rehabilitación de carreteras no se gastaron bien, como expresa la ministra Karla González, esta conducta entraña un quebranto inexcusable de las leyes vigentes y hasta de la moral pública. ¿Por qué, entonces, durante tanto tiempo imperó la impunidad? Esta pregunta puede extenderse a otras instituciones públicas y a muchos otros programas, como el social, objeto, asimismo, de numerosos reportajes, de informes críticos de la Contraloría y de disconformidad pública. En estos programas sociales se siguió el mismo guion: el volumen de denuncias no movió la voluntad de gobernantes, funcionarios y diputados. Lo anormal, y hasta lo delictivo, se conceptuó como normal. Reina, en esta materia, una grave confusión de conceptos. Los actos de corrupción, entendida esta como el favorecimiento personal, suelen ser motivo de censura pública o de intervención de la justicia. Por el contrario, lo referente a la mala gestión pública, por negligencia, incompetencia, imprudencia, ausencia de evaluación y control, etc., tal como lo hemos comentado reiteradamente, no recibe el mismo tratamiento. El valor ético de la honradez se reduce al hecho de no robar y no, como debe ser también, a la recta administración y gestión de los recursos públicos, o a la satisfacción del servicio público y del interés nacional. No se ha entendido que "si no se gasta bien", se incurre en grave falta y, por lo tanto, los funcionarios y jerarcas deben dar cuenta pública de sus actos, por acción o por omisión. También en este campo se requiere un cambio radical.
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