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CNP perderá ¢2.215 millones en dos proyectos agrícolas Recursos se entregaron, pese a débiles garantías e influencia políticaMarvin Barquero S. mbarquero@nacion.com El Consejo Nacional de Producción (CNP) perderá ¢2.215 millones en dos proyectos de reconversión productiva casi declarados en fracaso y que se aprobaron con garantías que no permiten recuperar los montos prestados. El primero es un plan para la siembra de 780 hectáreas de raíces tropicales, en especial ñame, presentado por la Asociación de Productores Manos Unidas.
A este grupo le aprobaron ¢655,6 millones, de los cuales se le desembolsaron ¢568,5 millones antes de descubrir los problemas. El segundo proyecto estaba a cargo de la Cámara Nacional de Productores de Plátano (Canapropla). En un primer contrato le concedieron a este grupo ¢346,5 millones y en el segundo ¢1.300 millones, para la siembra de 1.109 hectáreas de plátano. Las dos organizaciones tienen sede en la región del Caribe, donde la actual administración del Consejo Nacional de Producción (CNP) inició una investigación de varios proyectos del Programa de Reconversión Productiva aprobados en el anterior Gobierno.
Las autoridades del Consejo temen que varios proyectos más, en otras regiones el país, estén en dificultades. El CNP estudia juntas administradoras temporales para intervenir y tratar de enderezar otro plan de siembra de plátano en la zona sur y uno de industrialización y comercialización de leche en la zona norte de Alajuela. Garantías flojas. Manos Unidas y Canapropla dieron garantías que, según la investigación del CNP, son flojas, por lo que muy probablemente no permitirán recuperar los fondos, aunque se llegue procesos judiciales. La directiva del CNP aceptó a Canapropla la retención de una parte del precio de cada caja de plátano exportada como garantía. Muchos productores entregaron el producto a nombre de otra persona, a empacadoras no autorizadas para retener la suma para pagar el crédito o lo enviaron al mercado local para evadir el acuerdo. Además, las inundaciones de enero del 2005 destruyeron totalmente las plantaciones y los productores no pudieron pagar. En el caso de Manos Unidas, únicamente 33 de sus 210 afiliados pudieron dar garantías hipotecarias (tierra). El resto otorgó garantías fiduciarias o prendarias. Tal condición indica que muy poco de lo entregado se recuperará. Además, quienes pusieron tierras a responder son los verdaderos agricultores que efectivamente cumplieron con la siembra, según estudios de técnicos del CNP. El caso de Canapropla está en trámite judicial, mientras el de Manos Unidas podría llegar pronto a esa condición.
Problemas se originan en los compromisos políticos Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com En setiembre del 2003, durante una de las huelgas de grupos limonenses, apareció por primera vez un brazo agrícola del movimiento Limón en Lucha. Algunas autoridades del sector agropecuario se encargaron de neutralizar las protestas de ese sector, siempre dentro de la "línea" del Gobierno anterior de "mantener la paz social". Entonces, firmaron compromisos con la Asociación de Productores Manos Unidas, que agrupaba a 210 agricultores de Jiménez, Guápiles y La Rita -Pococí-; Río Frío, Sarapiquí, y algunos de Guácimo. Entre diciembre del 2003 y enero del 2004, la Asociación presentó un proyecto para la siembra de 780 hectáreas de raíces tropicales, en especial ñame, para exportar. El abril del 2004, el Consejo Nacional de Producción (CNP) realizó los primeros giros del crédito otorgado por reconversión productiva. José Joaquín Acuña, presidente ejecutivo del CNP en ese momento, negó que la influencia política mediara en la aprobación del proyecto. Dijo que cumplía con todos los requisitos técnicos y garantías, pues aunque la mayoría eran prendarias o fiduciarias la ley lo permitía. La auditoría interna del CNP encontró problemas en la ejecución del proyecto. Hubo alertas incluso en el sentido de que se entregó dinero a personas que no tenían tierras y a otros que nunca cultivaron. También se encontraron divisiones entre los agricultores e incluso uno de los grupos acusó ante la fiscalía de Guápiles a otro por supuesto manejo y retención indebida de fondos. Este resquebrajamiento lo reconoció el actual presidente de Manos Unidas, Bernardo Soto. Manifestó, además, que hubo problemas en la administración de Manos Unidas, pero igualmente denunció "irresponsabilidades" del CNP. De acuerdo con Soto, esta institución no realizó el seguimiento técnico adecuado, pues se conocía incluso la retención por parte de los dirigentes del 10,56% de la suma otorgada a cada agricultor para un supuesto programa de asistencia técnica e insumos que nunca se concretó. Durante esta semana no se pudo localizar a alguno de los dirigentes del grupo que dejó la directiva en diciembre.
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