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Sala de Redacción España presiona a la Unión Europea para que busque solución conjunta a la inmigración ilegal Por Alicia García de Francisco 12:08 PM hora local Luxemburgo, 2 jun (EFE).- España salió hoy del Consejo de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) todavía con pocos compromisos concretos de ayuda de los demás estados miembros, pero con la clara demostración de que, por primera vez, Europa busca una solución común al problema de la inmigración ilegal. El secretario de estado de Seguridad, Antonio Camacho, calificó como "un avance histórico" la decisión de que la Agencia europea de control de fronteras exteriores de la UE (Frontex) coordine un dispositivo de ayuda para Canarias en el que un importante número de países ya han anunciado su disposición a ayudar. Aunque la mayoría de esos anuncios aún no se han concretado -sólo Finlandia ha anunciado el envío de un avión, Portugal dos patrulleras y Alemania y Francia expertos- Camacho dijo en una rueda de prensa que los 25 mostraron su "máximo apoyo" al control de las fronteras exteriores de la UE. En ese mismo sentido se manifestó el comisario europeo de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, quien destacó la "voluntad común de todos los ministros de colaborar" con el problema de la inmigración en España y en la Unión Europea. "Canarias continúa siendo un área objetivamente difícil que España no puede sostener sola", y esa fuerte presión la sufren también Malta o Italia, lo que demuestra "que una cooperación práctica en Europa es indispensable". Y esa cooperación pasa no sólo por el control de la inmigración ilegal, sino también por la integración de los inmigrantes, y con la colaboración con los países de origen y su desarrollo. Este punto de vista fue defendido también por las delegaciones de Italia, Malta, Finlandia, Francia y Suecia, que resaltaron que se ha demostrado que el refuerzo del control de las fronteras exteriores no ha tenido efectos en la reducción de la inmigración ilegal. Al respecto, Antonio Camacho señaló a sus colegas de la UE el hecho de que el fenómeno de la inmigración ilegal procedente de Africa no tiene nada que ver con el régimen legal que rige en los países a los que llegan -Francia, Italia, España, Malta o Grecia-, sino con una "grave crisis humanitaria en el centro de Africa". Se trata, agregó, de un problema de subsistencia ante el que la "UE no puede mirarse el ombligo. Debe y quiere hacer frente a esa situación en un territorio tan cercano". De ahí la importancia de que en el dispositivo que coordinará Frontex participe el mayor número posible de países, lo que demostrará "a los ciudadanos que la UE puede hacer frente a problemas internos". Frontex anunció hoy que destinará 2,1 millones de euros al control de la inmigración ilegal en las islas Canarias y en Malta, aunque aún no está decidido el reparto. Ese reparto, junto con todos los detalles de la asistencia a España y, especialmente de la operación de vigilancia en el mar, se decidirá en una reunión de Frontex con los estados miembros que se celebrará "en unos días" en España, dijo Camacho. Aunque se baraja la posibilidad de que la reunión se celebre en Canarias, la decisión todavía no ha sido tomada, agregó. Esa reunión será la continuación de la celebrada el pasado lunes en Madrid, en la que España y otros nueve países europeos acordaron establecer un operativo para patrullar toda la zona del Africa atlántica "susceptible" de ser punto de origen de pateras y cayucos que viajan hacia Europa y, sobre todo, hacia Canarias. El operativo marítimo y aéreo precisará -según estimaciones de la Guardia Civil- de al menos cinco patrulleras, cinco helicópteros, un avión de apoyo, oficiales de enlace y las respectivas tripulaciones. En esa reunión participaron Portugal, Finlandia, Francia, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania, Grecia y Austria. Sin embargo, Alemania criticó hoy en una rueda de prensa la política de asilo de España, que considera la razón directa de la llegada de tantos ilegales por el hecho de que, cuando pasados 40 días estos no son identificados, se les deja libres en la península. Camacho consideró que "sería un error considerar que la legislación de un determinado país pueda provocar un problema de inmigración ilegal" porque estados con leyes tan diferentes como España, Italia o Malta, hacen frente a la misma presión.
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