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¿Instituciones del pueblo? Los institutos de Electricidad y de Seguros no son públicos ni son del puebloDiego F. Gómez Dueñas dgomez@esco-group.com Gerente general de ESCO Costa Rica, S. A. Con creciente preocupación he leído los reportajes recientes sobre las irregularidades cometidas en las instituciones independientes, como el ICE y el INS. Ejemplo claro de esto es el caso del sobreprecio pagado por el INS en la póliza del ICE, hecho que se pretendió encubrir. Mucho se ha debatido en los últimos dos años acerca del TLC y sus posibles consecuencias para el futuro y supervivencia de estas instituciones, tan veneradas y protegidas por muchos, pero, sobre todo, por los sindicalistas y otros falsos "nacionalistas": todo esto, bajo la ideología que estas instituciones son "del pueblo". Examinemos de cerca lo que significaría que en realidad fuesen "del pueblo". En mercados de capitales más avanzados, hablaríamos de que fueran empresas o instituciones con acciones comunes, las cuales están en poder de múltiples grupos de stakeholders, como inversionistas institucionales (fondos de pensión o de inversión) e individuales (personas como usted o yo que han invertido sus ahorros en el mercado accionario); pero, aquí, esas instituciones "públicas" o "del pueblo" no cotizan en bolsa. Un pedacito. Si de verdad fuesen "del pueblo", ¿por qué no repartir su capital accionario para que cada costarricense tenga un pedacito de la institución? Así, todos tendríamos forma de hacer valer nuestra opinión sobre el futuro o manejo en la asamblea general de accionistas que requiere la ley para entidades cuyo capital está distribuido. La gran mayoría atenderíamos gustosos si nos dieran la oportunidad de quejarnos por la mala calidad de los servicios o la falta de opciones competitivas. Además, las empresas o instituciones públicas en otros mercados están obligadas a presentar reportes financieros periódicos a autoridades como la Securities and Exchange Commission (SEC por sus siglas en inglés). Esos reportes deben presentar la realidad de la gestión realizada, y se reflejan constantemente en el precio de la acción en el mercado. A raíz de algunos casos aislados de abuso, se han emitido leyes, como la Sarbannes-Oxley, que procuran eliminar y sancionar las irregularidades cometidas con el capital público. En Costa Rica, ¿quién sanciona a los encargados de estas instituciones por pagar millones de dóla-res de más por una póliza o por comprar millones de dólares en equipos obsoletos? Si de verdad fueran nuestras estas empresas, ¿no se quejaría usted porque su patrimonio se afecta de manera negativa al haber esos tipos de manejos oscuros? El problema. Por último, y de cara al TLC, tratado de vital importancia para el desarrollo del país, se ha hablado hasta la saciedad de que es necesario fortalecer esas instituciones para que puedan competir en mercados abiertos. El problema es que, en la definición de fortaleza que impulsan los sindicatos y demás defensores de los monopolios gubernamentales, se pretende eliminar las pocas medidas de control de las que se dispone para mantener en regla a estas empresas. Tomemos en cuenta que en reiteradas ocasiones hemos visto los reportajes de que ni en el ICE ni en el INS pueden dar fe de sus resultados financieros, los números no cuadran o hay pérdidas millonarias que no saben explicar. Si se les eliminasen las amarras para que se puedan endeudar a su antojo con el pretexto de invertir (muchas veces en tecnología obsoleta) para competir contra las Telefónica o las AIG del mundo, ¿quién cree que terminaría pagando la cuenta si el manejo fuese malo o fraudulento? Nosotros pues las venerables instituciones son "del pueblo".
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