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EDITORIALIndigentes callejeros El espectáculo de menores y adultos abandonados o menesterosos en calles y aceras ofende la razón de los derechos humanosEl anuncio del PANI a favor de los niños y adolescentes indigentes debe inspirar un plan de acción más amplio La información de ayer sobre la decisión del nuevo presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Mario Víquez, de recoger a los niños y adolescentes indigentes, que deambulan por nuestras calles, pone en ruta, junto con otros proyectos inmediatos, a esta institución pública, encargada constitucionalmente de una de las tareas más importantes del país. El PANI debe ocupar, en la constelación de entidades públicas y en la agenda del gobierno de la República, uno de los puestos de vanguardia en los órdenes técnico, orgánico y financiero. Además de recoger a los niños y adolescentes indigentes, el PANI se propone echar a andar el plan estratégico, recomendado hace cinco años por una junta de notables; atacar el problema de la violencia contra los menores; simplificar el quehacer institucional a fin de que lo accesorio no ahogue lo esencial, como ocurre en muchas instituciones públicas; dar preeminencia a las tareas preventivas; extender los servicios del PANI a las familias, el corazón del problema de la niñez y de la adolescencia, y, en fin, realizar, en lo conducente, la gran tarea de una sociedad democrática: la salvaguardia y educación de los niños y los adolescentes. Costa Rica posee todos los recursos técnicos y financieros para dar cima a esa obligación social. Sin embargo, como suele ocurrir en los proyectos de índole social, la nobleza del fin no siempre corre parejas con la eficiencia y la calidad de los medios y los buenos sentimientos enmascaran la razón y la eficacia. El espectáculo de los niños y de los adolescentes indigentes en las calles, pidiendo limosna o deambulando sin destino ni reposo, así como el de los adultos, hombres y mujeres, harapientos, ebrios o drogados -que han hecho de las aceras su albergue de día o de noche-, debe desaparecer de nuestras calles no por razones estéticas o turísticas, sino sencillamente por un deber de solidaridad y, sobre todo, por respeto y práctica coherente de los derechos humanos. No hay razón alguna para que nuestro país no pueda resolver este problema social del que el Estado se ha desentendido tradicionalmente y cuyo remedio han procurado, con sobresaliente entrega y sacrificio, diversas personas o asociaciones. Se trata de un desafío y de un problema integrales, que nuestro país debe convertir en objetivo primario. No es correcto esgrimir siempre, como argumento exclusivo, el señorío de la corrupción, de las gollerías y de la mala gestión pública para explicar la negligencia o ineficiencia en el combate de la pobreza o de la exclusión de gruesos sectores de nuestra población. Esta puede ser una evasión. El análisis de estos problemas sociales debe ser integral. Sin embargo, tampoco se puede excluir esta relación o comparación ante la diligencia y eficiencia con que se crean sistemas de privilegio indignantes, se despilfarran alegremente los recursos públicos y se planifican y ejecutan, con maestría y refinamiento singulares, proyectos de corrupción o depredación con los recursos públicos, dentro y fuera del país, con participación de amigos, familiares, funcionarios y profesionales. Competencia singular para hacer el mal e incapacidad para cumplir con el deber. Algo debe de andar mal en una sociedad para este despliegue de talento y de recursos, y, durante mucho tiempo, de impunidad, mientras subyacen y se acumulan ingentes problemas sociales, que el clientelismo político, el falso patriotismo y la añeja ideología no quieren ver, y cuya existencia, además, se atribuye a causas externas y no, como debe ser, a nuestra propia responsabilidad. Confiamos, por ello, en que la determinación realista del PANI no sea flor de un día y que inspire a otras instituciones públicas en una sociedad ansiosa de gestos y resultados concretos.
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