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Estancado diálogo de gobierno chileno con estudiantes Transporte colectivo gratis costaría $180 millones en SantiagoUniversidades y profesores se suman a movimiento, sin igual en tres décadas Santiago. DPA. Las negociaciones entre el Ministerio de Educación de Chile (Mineduc) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) llegaron a una situación crítica debido al elevado costo financiero de algunas de las demandas que los estudiantes hacen a las autoridades. El titular del Ministerio de Educación, Martín Zilic, declaró que acoger solo una de las solicitudes, que los estudiantes puedan viajar gratis en el transporte colectivo, costaría 180 millones de dólares al año solo en Santiago.
Los jóvenes amenazaron con arrastrar a los trabajadores a una paralización nacional si hoy viernes no obtienen una respuesta para reformar la educación. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, encabezó ayer una nueva reunión de su Comité Político de ministros, en un esfuerzo por desactivar el conflicto que estalló a comienzos de mayo, con las primeras manifestaciones de alumnos de secundaria, y que ahora se extiende a universidades, en un movimiento sin precedente en más de tres décadas. Nuevos disturbios se registraron ayer en el centro de la capital, donde la policía volvió a utilizar chorros de agua y gases lacrimógenos para reprimir a manifestantes, en su mayoría universitarios. El ministro del interior, Andrés Zaldívar, adelantó que el gobierno entregará a los estudiantes la respuesta que exigen "dentro de los plazos que corresponden". Por compromiso con las autoridades, los dirigentes no revelaron los avances en sus conversaciones con el Ministro, pero uno de sus voceros señaló que hasta ahora las propuestas no son insatisfactorias porque "no cubren las necesidades de los estudiantes". La demanda más difícil de satisfacer es la anulación de la Ley orgánica constitucional de enseñanza, promulgada por el exdictador Augusto Pinochet (1973-1990), que entregó los colegios públicos a la administración de las municipalidades. La reforma requiere aprobación del Congreso y la derecha se opone. El sistema entró en crisis por falta de recursos en las municipalidades más pobres y el deterioro en programas de estudio, lo que aumentó la brecha social entre esos alumnos y los privados.
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