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Sobre telecomunicaciones

Un servicio público, no una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda

Armando Vargas Araya
Exministro de Información

Mientras el Poder Ejecutivo afina sus anunciados proyectos de ley para la modernización del ICE y el marco regulatorio de las telecomunicaciones, han aparecido en junio y julio sendos estudios pertinentes de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la Contraloría General de la República (CGR) y la Universidad de Costa Rica (UCR). La oportunidad de estos informes guarda relación con el renovado debate que se avecina.

"Modelos de privatización y desarrollo de la competencia en las telecomunicaciones de Centroamérica y México", se titula el análisis de la CEPAL sobre diez años de experiencias. En 7 países se cambió el modelo del Estado al mercado, salvo aquí. Al cabo del período, el examen concluye que Costa Rica tiene cobertura y precios "sustancialmente mejores".

Fuerte predominio. En todos los casos, el monopolio privado surgido de la privatización presenta capacidad mucho mayor que la prevista para perpetuarse. Las limitaciones de regulación se acentúan en países pequeños, a causa del desarrollo precario del Estado de derecho y de los mecanismos competitivos del mercado. Advierte la Cepal que el fuerte y generalizado predominio de Telefónica y Telmex, con altas barreras de entrada y debilidad institucional, puede facilitar la instalación de monopolios nacionales sobre todas las telecomunicaciones.

"Diagnosis sobre algunos posibles efectos de la apertura de las telecomunicaciones", es el título del documento de la CGR. Hace suya la valoración del mercado nacional de $433 millones en el 2003 que se duplicará a $831 millones en el 2008, cuando los servicios móviles e Internet generen 74% de los ingresos. Se convalida la estimación de pérdida de ingresos del ICE en 70% y de Racsa hasta en 50% por la competencia con operadores privados.

La apertura del mercado depende de una ley marco de telecomunicacionesque promueva el desarrollo del sector, proteja el interés público y del usuario, acorde con el Estado social de derecho. El documento señala condiciones para la reinvención necesaria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, caso de optarse por la Aresep como regulador de las telecomunicaciones estatales y particulares. Para la CGR, "cerrar la brecha digital es parte del derecho a comunicarse", garantizado por el Derecho de la Constitución a todos los habitantes.

Inserción inteligente. "Propuesta de marco conceptual y jurídico para el fortalecimiento y la regulación de las telecomunicaciones en Costa Rica", es el nombre común de cinco documentos articulados de la UCR. Es un modelo de telecomunicaciones "como servicio público, no como mercancía sujeta a los mecanismos de la oferta y la demanda", dentro del Estado social de derecho. Incorpora nuevas tecnologías y servicios para que la sociedad, la cultura y la economía se beneficien de una inserción más inteligente en la mundialización. Privilegia el acceso a Internet en banda ancha, servicios IP y servicios móviles de tercera generación.

Propone una junta rectora, residenciada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un plan nacional de telecomunicaciones. La Aresep sería el regulador. Y el ICE pasaría a ente gestor como operador estatal dominante, con operadores interconectados de capital particular o propiedad social para servicios complementarios. "Así se demostrará que en Costa Rica no existen razones que justifiquen la apertura de las telecomunicaciones hacia un régimen de mercado", dice la publicación que contiene dos proyectos de ley para la modernización del ICE y el marco regulatorio.

La viabilidad de la apertura en telecomunicaciones que procura el Poder Ejecutivo demanda un gran esfuerzo persuasivo de pedagogía política. Los tres reportes mencionados seguramente serán de referencia obligada en el proceso democrático de dilucidar la vía más conveniente y posible para el interés general del país.

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