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El especialista: Seguridad beneficio-costo Dennis Meléndez, Economista En Costa Rica las decisiones y al diseño de políticas nacionales ocurren en un ambiente poco científico, muchas veces sin investigaciones serias que les den sustento ni ponderen sus costos y beneficios o sus posibles resultados. Nos basamos en la intuición particular de algún funcionario o en "el sentir popular", lo que no siempre tiene en consideración todos los efectos que una determinada política puede causar. La política migratoria es una de ellas y es muy claro en los casos de la infraestructura, control y supervisión, y hasta en los campos de educación y salud. El 27 de julio, La Nación informó sobre un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual se hace un intento serio de medir el costo que tiene para la ciudadanía de bien la inseguridad ciudadana. Este estudio debería ser suficiente para tomar conciencia de la rentabilidad que tendría el dedicar mucho más recursos a la profesionalización y mejora en los sistemas sociales de seguridad. Si los daños de la delincuencia cuestan ¢350 mil millones al año, y si invirtiendo ¢100 mil millones podríamos ahorrarnos, digamos 200 mil millones, debería ser suficiente para proceder en esa dirección. Respecto a los recursos para implementar esta política, vuelvo sobre el esquema que más me gusta para la tributación, en que los impuestos se relacionen, en la forma más directa posible, a su uso (esquema focalizado), de modo que la ciudadanía perciba y mida directamente los réditos que reciba de los impuestos que paga. Por desgracia este esquema devino a menos como consecuencia del impuesto que se creó sobre los hidrocarburos en 1997, el cual se destina a desarrollar una infraestructura de primera. Los gobiernos subsiguientes llegaron a desvirtuarlo de tal manera, que los recursos jamás llegaron a los fines con los cuales se creó el impuesto; entre otros, mejorar la infraestructura vial. Esto fue un duro golpe para la credibilidad de los contribuyentes.
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