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El síndrome de los taxis ¿Será demasiado tarde para detener una enfermedad que estamos padeciendo hace años?Mario Herrera Flores Planificador y economista de transportes En las primeras lecciones de Economía de Transportes aprendemos que el ente regulador -en este caso el Estado- tiene bajo su tutela tres tipos de acciones. La primera es la regulación económica, que se refiere principalmente al estudio y fijación de tarifas. La segunda es la regulación operativa, que concierne a paradas intermedias, terminales, horarios, recorridos y capacidad de las unidades. Finalmente, la regulación para la seguridad, que implica a operadores, usuarios y hasta transeúntes. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 se promovió en el mundo una estrategia denominada "desregulación" de los sistemas de transporte. Significaba abolir las complicadas leyes existentes, crear leyes genéricas de transporte y unos pocos reglamentos que hicieran el sistema más operativo, eficiente y competitivo. En Europa, España fue uno de los pioneros, sin dejar de lado lo que ocurrió en EE. UU. y hasta en México. En Costa Rica, por unos 25 años, hemos padecido al menos 40 huelgas, bloqueos, tortuguismo y amenazas por parte de los denominados concesionarios del transporte remunerado de personas en taxi, quienes reclaman unas veces el otorgamiento de concesiones, otras tarifas, el color de los vehículos, por los porteadores o taxis "piratas", por el estado de las vías, por algún proyecto que se ventile en la Asamblea Legislativa, en fin, excusas sobran para protestar. Pero han faltado agallas ya que, de acuerdo con la ley que regula este servicio público, el MOPT puede declarar la caducidad de las concesiones por algún incumplimiento, y los incumplimientos se han dado. Síntomas crónicos. ¿Cuáles opciones nos quedan? Una sería aplicar drásticamente la trasnochada ley imperante. En este caso, prácticamente solo concesiones habría y se verían limitadas otras opciones como los porteadores y otros prestatarios, lo que no resuelve el problema de oferta y demanda, y eficiencia en el servicio. La segunda sería la liberalización del servicio, tal y como han hecho otros países, para lo cual habría que modificar la ley actual de transporte remunerado en vehículos taxi. En este sistema, cualquier operador puede ingresar a prestar servicio siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: 1. A cada oferente o interesado se le otorgará un permiso a través del Consejo de Transporte Público del MOPT. 2. Cada permisionario deberá tomar un seguro de responsabilidad civil por lesión o muerte y daños a terceros, cuya cobertura no sea inferior al equivalente, por ejemplo, de 200 veces el salario mínimo imperante. 3. Al operador se le otorgará una licencia especial para conducir el vehículo modalidad taxi, a través del Departamento de Licencias de la Dirección de Transporte Público. 4. Todos los vehículos deben tener un solo color, en este caso, rojo. 5. Los vehículos deben ser de año de modelo no mayor en 5 años del vigente. 6. Deben tener como base de operaciones el lugar para el que se otorgó el permiso. 7. Deben acatar las tarifas fijadas por Aresep. 8. El permisionario tiene que ser el operador. A quien incumpla los requisitos establecidos, que forman parte del contrato administrativo, se le abrirá proceso administrativo y, en caso de comprobarse irregularidad, se le cancela el permiso y se le aplica una multa que podría ser el equivalente a varias veces el valor del vehículo, según valor promedio imperante en el Registro de la Propiedad. El Gobierno tiene la decisión en sus manos, pero ¿quién le pondrá el cascabel al gato? ¿Será demasiado tarde para detener la enfermedad?
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