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EDITORIALLecciones de una reforma La reforma de la 'Ley de Concesión de Obra Pública' derrota prejuicios y abre una ruta de desarrollo nacionalEsta ley, aprobada por 46 de 47 diputados presentes, denota el respeto al procedimiento legislativo y otra actitud en la labor legislativa Fieles a la pulcritud constitucional, 13 diputados suscribieron una consulta de constitucionalidad ante la Sala correspondiente sobre el proyecto de reforma a la Ley de Concesión de Obra Pública. Se atrasará un mes la vigencia de esta importante reforma legal, lo que tampoco debe sorprender a nadie, por cuanto bien se sabe que la capacidad de ejecución -pronta y cumplida- no constituye precisamente uno de los atestados del Estado costarricense. La Ley de Concesión de Obra Pública constituye uno de los mejores testimonios de la (in)cultura de la chambonería legal y de la incapacidad de ejecución. Con 10 años de vigencia, su esterilidad está a la vista, tanto que debió ser reformada tras no pocas vicisitudes. Venturosamente, la labor concertada de los actuales diputados ha logrado ratificar las esperanzas que el país ha depositado en ellos, tras el desbarajuste inolvidable de sus predecesores y del gobierno en el cuatrienio pasado. Aun el Partido Acción Ciudadana -justo es decirlo-, crítico al principio de esta reforma, la votó favorablemente, convencido de los beneficios que puede depararle al país. Destacamos el aporte de 46 de los 47 diputados presentes, a la hora de la votación, el martes pasado, y el respeto de todos ellos, sin excepción, a la continuidad del procedimiento legislativo. Los proyectos de ley se deben debatir razonablemente y deben votarse. Este es el juego limpio legislativo del sistema democrático, cuyo quebranto nos ha causado toda suerte de males en años anteriores. Diversas obras urgentes le tienden la mano a esta reforma: el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, el ferrocarril de carga y pasajeros, los puertos, la recuperación del desastroso sistema vial y muchas otras, cuya falta o deficiencia han bloqueado el desarrollo económico y social del país. La tarea que le compete, por lo tanto, al Poder Ejecutivo y al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), rector respectivo, es enorme. Si, en alguna oportunidad, se deben dar muestras acabadas de capacidad de ejecución, es precisamente en esta, tanto por el rezago sufrido como por los extraordinarios desafíos que el país tiene ante sí. Frente al reto del TLC, que también debe aprobarse lo más pronto posible, nuevas demoras en el campo de la infraestructura vial y portuaria, así como en otros campos vitales, particularmente en el orden social, serían suicidas. Se trata de la decisión inquebrantable de salir del sopor que nos ha atenazado en estos años en el orden mental y político. En nuestra edición del miércoles pasado, el secretario técnico de Concesiones, Luis Diego Vargas, trazó, en forma sucinta, las ventajas de la reforma a la Ley de Concesión de Obra Pública. Hacemos hincapié en su referencia a la voluntad política pravaleciente en esta reforma en la Asamblea Legislativa. "La votación en la Asamblea -expresó- es tremendamente reveladora de esa voluntad. Nadie quiso correr el riesgo de ser tildado de obstruccionista del desarrollo del país". Esta votación representa así un mandato, que debe cumplirse a plenitud, denota la importancia de que el Gobierno comparta con la Asamblea Legislativa proyectos de indudable proyección nacional y, además, indica que el genuino patriotismo no radica en proclamas o en poses obstruccionistas, sino en hechos y decisiones concretos, en soluciones oportunas y visionarias para impulsar, en forma sostenida, el desarrollo económico y social del país. La credibilidad del Gobierno y el futuro de los partidos políticos reside en esta disposición y en este cambio de actitud.
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