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OIJ detecta defraudación al Fisco por ¢1.000 millones Policía Judicial llevó a cabo siete allanamientos y dos capturasUn sospechoso cayó en Golfito mientras compraba mercadería Otto Vargas M. ovargas@nacion.com Bajo el nombre de Operación Aromática, 50 agentes del OIJ, 20 fiscales y 7 jueces desbarataron ayer la actividad comercial de una pareja que es sospechosa de defraudar ¢1.000 millones al Fisco. Las autoridades allanaron siete propiedades en Moravia, El Carmen de Goicoechea, San José, Hatillo y Alajuela, donde almacenaban licores, celulares, perfumes y bisutería. Así lo informó el director del OIJ, Jorge Rojas. Los detectives de la Sección de Fraudes del OIJ detuvieron a la mujer (de apellido Vargas) en su casa de Moravia. Al hombre lo aprehendieron en Golfito, donde efectuaba compras. La Policía Judicial comenzó a seguir los pasos a los sospechosos hace unos tres meses, cuando recibieron informes sobre una red que introducía al país mercancías de contrabando. Distribución."Compraban en Panamá y en la frontera, mercadería por la que pagaban impuestos, pero aprovechaban para camuflar mercancías de contrabando", explicó un agente. Los detectives determinaron que Ulate contaba con una red de distribuidores, encargados de llevar los productos a los comercios. También se ofrecían en una tienda que el sospechoso tiene en San José centro. En los últimos días, el OIJ había intensificado la vigilancia, y ayer ejecutó los arrestos. La Policía esperaba encontrar muchas mercancías para ofrecerlas en el Día de la Madre, lo cual se confirmó con el operativo final. En Moravia, los oficiales allanaron un pequeño bazar, fachada de una de las bodegas del grupo. Cerca de ahí, en unos apartamentos, los investigadores allanaron otra propiedad que servía como centro de almacenaje. Los oficiales allanaron además otras dos bodegas en Hatillo (San José) y en Alajuela. En este último lugar encontraron más de 100 cajas con licores. La Ley de justicia tributaria castiga con cárcel de uno a tres años a quien cometa una defraudación que no exceda 50 veces el salario base. Si sobrepasa ese monto, la pena sube entonces de tres a cinco años de prisión. Colaboró Carlos Arguedas.
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