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OIJ enfrenta a juez por exigir póliza para colaboradores Director del OIJ defiende el emplear a compradores de sicotrópicosPoder Judicial sostiene que Policía debe garantizar la seguridad de civiles Otto Vargas M. ovargas@nacion.com Las personas que colaboran con la Policía Judicial en casos de narcotráfico carecen de una póliza que las ampare en caso de lesiones o muerte. Así lo señaló el Consejo Superior del Poder Judicial en una aclaración al OIJ de fecha 5 de abril.
En su explicación, el órgano administrativo explicó: "La seguridad del colaborador debe ser garantizada por la misma Policía, y, si llegase a ocurrir algún evento que atente contra la integridad física o la vida de la persona, la responsabilidad que surgiría para el Estado sería idéntica a la que se derivaría de las lesiones o daños sufridos por cualquier individuo que deba ser protegido". De acuerdo con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, la explicación del Consejo Superior obedeció a una queja presentada por ese cuerpo policial contra la actuación de un juez penal de San Ramón, Alajuela. Razones. "El juez penal no permitía que un colaborador hiciera una compra de droga si no tenía un seguro o póliza especial que lo cubriera en caso de una eventualidad. "Esto, la ley no lo contempla en ningún lado, y tampoco lo exige ninguna autoridad. El juez no permitía que se efectuara el trabajo de compra", señaló Rojas ante una consulta de La Nación. Ese tipo de colaboradores se utiliza para hacer compras de droga, y su participación es ocasional. "Se desprende de lo dicho que los agentes encubiertos o colaboradores para efectuar compras vigiladas de drogas, constituyen una técnica de investigación lícita que no requiere ser autorizada por el juez. "La intervención (del colaborador) se limita a someterse voluntariamente a una requisa, hacer la compra controlada usando dinero previamente identificado, y entregar a las autoridades la droga que adquirió de manos del sospechoso", puntualizó el Consejo.
El órgano agregó que esa tarea es de carácter voluntario "y no establece ningún vínculo jurídico laboral o de otra índole entre el Estado y el individuo que amerite recurrir a una póliza de riesgos o a un seguro social". Ayuda mutua. El director del OIJ explicó que, por esa labor, los colaboradores de la Policía Judicial reciben una remuneración cuando el caso se resuelve. "La figura del colaborador es muy necesaria para la Policía porque hay lugares en los que nadie puede comprar si no tiene la aceptación del vendedor. "En esos sitios resulta muy difícil que se acepte vender a un agente encubierto", según explicó Rojas. Con respecto a los civiles, el Consejo Superior hizo hincapié en que, aunque las autoridades deben estar presentes al momento de la compra, "también deben vigilar que ella se realice sin que signifique una provocación a delinquir o, en fin, que no medie ninguna situación irregular, arbitraria o ilícita". El director del OIJ considera que el caso de las pólizas para colaboradores debería discutirse. "No me imagino al INS (Instituto Nacional de Seguros) dando cobertura para este tipo de actividades. "Pero considero incorrecto impedir un operativo al exigir algo que en estos momentos no hay forma de cumplir", concluyó Jorge Rojas. OIJ solicita protección contra daños que cause en operativos Otto Vargas M. ovargas@nacion.com El director de la Policía Judicial, Jorge Rojas, se mostró a favor de cubrir con una póliza a los colaboradores, pero asegura que es aún más urgente la protección de los detectives por los daños y perjuicios que puedan ocasionar. Los oficiales no cuentan con una póliza que los proteja de las acciones civiles derivadas de su actuación, como daños a terceros. "Ellos (en el Instituto Nacional de Seguros) no nos aseguran bajo el argumento de que el investigador corre un alto riesgo de verse en una situación que lo lleve al uso de esa cobertura. "Para el investigador, eso es un riesgo enorme porque, en caso de cualquier problema, tendría que pagar él", explicó Rojas. Así le ocurrió a un agente que mató, durante un operativo, a un delincuente. En la vía penal, al investigador lo absolvieron. En la vía civil, el Estado y el Policía fueron condenados al pago de ¢25 millones (¢12,5 millones). El detective ya comenzó a desembolsar el monto. Asimismo, en estos momentos, un agente que respondió al fuego de unas malhechores está demandado por las heridas causadas a las detenidas. "En estos momentos, uno lo piensa para disparar por el temor a los daños. Si uno choca el carro en una persecución, no solo tiene que pagar el de la institución (OIJ), sino también el del tercero", comentó un agente. Acercamiento. La jefatura del OIJ y altos jerarcas del Poder Judicial se reunieron con el presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, para discutir la situación. "Le expusimos el caso, y él se preocupó mucho. Prometió que nos iba a resolver este asunto pues vale la pena analizarlo", explicó el jefe policial.
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