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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com La semana pasada nos deparó tres episodios aleccionadores. Los resumo en tres palabras: temor (en el MOPT y, por extensión, en el Gobierno); ¿negligencia? (en el ICE), y, el peor, inhumanidad (un empresario retuvo, hasta hoy, las medicinas de la CCSS). Tres casos singulares, dos institucionales y uno personal, que nos diagnostican. Primer episodio: el miedo. Varios contingentes de taxistas se apoderaron, por cuatro días, de las vías más concurridas del país para exigir la derogatoria de la norma legal que ampara a los porteadores, cuyo servicio público ejemplar atemoriza, por supuesto, a los taxistas. El plan se anunció públicamente y se ejecutó con precisión. Los derechos de millares de personas -enfermos, escolares, trabajadores, en fin, la gente necesitada de transporte público o privado- se violaron impunemente. Las autoridades se esfumaron. El MOPT abdicó. ¿El orden público, la libertad de tránsito? Palabras, tan solo palabras. Aquí funciona la ley del más fuerte, del matón. Epílogo: el espectáculo culminó con una farsa de muy mal gusto, 20 partes o multas, que deben reposar ya en un basurero. Segundo episodio: negligencia. El ICE aceptó los sistemas celulares de Alcatel y Ericsson incompletos e ineficientes. El servicio celular de Costa Rica es, por ello, una tortura y un descrédito internacional. La Contraloría regañó a las autoridades anteriores del ICE por la complacencia con Alcatel, que se repitió con Ericsson. Si alguien compra un pantalón, se lo prueba. El ICE acepta proyectos por millones de dólares sin probarlos. ¿Por qué? Una pregunta que cualquier persona que sepa leer puede contestar. ¿Negligencia? Tercer episodio: inhumanidad. Juan León García, dueño de Algefissa, le impidió a la Caja Costarricense de Seguro Social, desde el 6 de junio pasado, hasta hoy, retirar 4.200 millones de colones en medicinas. Este chantaje -como lo calificó el presidente ejecutivo de la CCSS- se engendró en diciembre del 2005, gracias a la blandenguería de la anterior junta directiva de la Caja. ¿Es posible que, en un país civilizado, un individuo sea capaz de desafiar así la salud pública y la seguridad social? Sí, esto es posible en Costa Rica, en nuestro Estado "solidario". En un país de leyes, este atentado contra la dignidad humana se habría resuelto, con la ley en la mano y con carácter, en pocos días en los tribunales o en sede administrativa. Tres episodios suficientes para explicar lo que ha estado pasando en nuestro país por muchos años, donde, si no se yerguen el miedo o la negligencia, es la paranoia ideológica.
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