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¿Reforma del Estado? ¿Hasta cuándo se entenderá lo que está en juego en Costa Rica?Johnny Meoño Segura El buen deseo del nuevo Gobierno por "simplificar la organización del Poder Ejecutivo con el fin de agilizar el funcionamiento de la Administración Pública" se concretó por ahora en el Decreto Ejecutivo n.° 33151-MP del 8 de mayo, una reedición distorsionada de un excelente esquema producido por la entonces Ofiplan desde 1977 (¡sí!), que, sin embargo, puede dar muchísimo al país si sus intérpretes no abusan del poder conferido y si las juntas directivas de entes autónomos deciden no sucumbir dócilmente a decisiones ministeriales arbitrarias y sin los contrapesos que el ordenamiento jurídico garantiza, incluidos los mismísimos gerentes generales que no deben ser, como por desgracia tantos asumen hoy, cargos de "confianza política" pues ni lo son por Constitución, ni conviene éticamente que lo sean. También se anuncia la reactivación de una comisión presidencial de reforma del Estado con ministros muy ocupados -¿y la Comisión de Eficiencia Administrativa según la Ley de Planificación?-, cuya agenda asumimos responderá a lo planteado por el PLN en campaña electoral (el lector puede consultar nuestro crítico estudio sobre los programas electorales de los partidos, de enero 2006, en la página www.iice.ucr.ac.cr). Está también la nueva directriz para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, con pros e inconsistencias que ameritan serios análisis públicos. Preocupantes son también las declaraciones del presidente del IMAS (Foro, 28/6/06), en cuanto habla del IMAS como si la pobreza fuera un problema solamente "suyo" y no del sector como tal, el cual se supone está operando bajo un ministro rector que debe estar en todas. Costosa e ineficaz. El reportaje de Ángela Ávalos sobre desconcentración de hospitales ( La Nación, 24/5/06), también nos proporciona evidencia de cuán mal seguimos andando en el país en estos asuntos conceptuales y jurídicos que afectan el funcionamiento de las instituciones. El informe de la Contraloría que cita la periodista sobre este tema, de marzo del 2006, sigue hablando de la "rectoría del Ministerio de Salud", lo cual invisibiliza la responsabilidad de la ministra de entonces como rectora y menos cuestiona la errada naturaleza de esa larga, costosa e ineficaz reforma del Sector Salud; la ministra actual, por su lado, parece no percatarse en sus declaraciones de que es ella, en primera persona, quien debe ejercer esa rectoría según el mismo decreto referido. El punto es que este decreto del 8 de mayo incurre en varios gazapos riesgosos para la sana institucionalidad del país: a) fue firmado solo con el ministro de la Presidencia, cuando la competencia de "organizar" la Administración Pública es del Presidente con el ministro de Planificación; b) incluye a entes u órganos que no deben ser sujetos de dirección política pues mantienen autonomía política con respecto al Gobierno, como el Consejo Nacional de Rectores (sí, ¡Conare!), Judesur, la ESPH, el Consejo Superior de Educación, entre muchos otros; c) "proclama" una rectoría del ICT, un total contrasentido en el contexto del mismo decreto y de las normas superiores invocadas por este, reiterando el error jurídico y político de otorgarle a una misma persona dos rangos totalmente confrontativos y excluyentes, como son el de ministro sin cartera y presidente ejecutivo); d) omite incomprensiblemente la proyección regional de los sectores, sin la cual nunca habrá un "ágil funcionamiento" de la Administración. Hay varios otros gazapos de bulto que no podemos analizar ahora. Por todo lo anterior "recontrainsisto" en que, si la Contraloría (¿dónde estáis...?) sigue sin ejercitar la vigilancia integral de la Hacienda Pública como debe, ahora de acuerdo a las normas que el propio Gobierno ha decidido adoptar respetando a medias la Constitución y alguna legislación vigente, seguiremos presenciando más análisis sobre cómo se gastan los pesos, no los miles de millones. ¿Hasta cuándo se entenderá lo que está en juego en Costa Rica? Y ¿hasta cuándo otros estudiosos, además de Miguel Sobrado, en aspectos complementarios a los que solemos abordar, se decidirán a arrojar luces con criterios igualmente o más ricos, unitarios e integrales sobre estos problemas tan determinativos del subdesarrollo sostenido del país?
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