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EDITORIALVeto a la investigación Al aplicar, el pasado miércoles, el primer veto en sus cinco años y medio de gobierno a una ley que ampliaba los fondos federales para las investigaciones con células madre embrionarias, el presidente estadounidense, George W. Bush, optó por un camino científicamente equivocado y éticamente discutible. A pesar de los emotivos argumentos en defensa de la vida que acompañaron la decisión, su impacto directo será en un sentido contrario: limitar el ritmo de las investigaciones en este campo, que prometen desarrollar tratamientos contra males tan serios como el Alzheimer, Parkinson, esclerosis, diabetes y varias deficiencias cardiovasculares. Así, por adherirse a una discutible concepción religiosa de cuándo comienza la vida humana, reducirá las posibilidades de que muchas se salven. La mencionada ley, aprobada por amplias mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, estimulaba los aportes del Gobierno federal a investigaciones con células madre obtenidas de embriones descartados en tratamientos de fertilidad y derogaba una medida tomada preciamente por el Ejecutivo, según la cual el financiamiento únicamente se proporcionaría para trabajar con colonias de las células desarrolladas antes del mes de agosto del 2001. La necesidad de terminar con la veda estuvo sustentada en que muchas de las colonias previas a esa fecha ya habían quedado inutilizadas. El veto presidencial, entonces, no es una prohibición a las investigaciones con células posteriores al 2001, sino al uso de dinero federal para apoyarlas. A falta de este, los científicos podrán utilizar fondos privados o de los estados que decidan otorgarlos, como California. Es decir, su trabajo podrá seguir, pero con importantes retrasos en sus promisorios resultados. Todo esto implica, si nos atenemos al particular enfoque ético-religioso de Bush, que seguirá produciéndose el "fin de vidas humanas inocentes" en las probetas, solo que a una velocidad menor y con dinero fuera de su control. El corolario es que, en última instancia, el eje de la decisión no es tanto qué se hace, sino quién paga. Nada de lo anterior, sin embargo, implica minimizar el profundo y justificado debate alrededor de la clonación. Ya se ha llegado al consenso de que resulta necesario prohibirla con fines de reproducción, pero deben abrirse las posibilidades de utilizarla con propósitos terapéuticos. Esto, sin embargo, abre otro frente de polémica sobre la procedencia de las células a utilizar como base. Algunos afirman que las provenientes de otros tejidos son tan eficaces como las embrionarias; sin embargo, una creciente evidencia científica indica que son estas últimas las que ofrecen las mayores posibilidades para la investigación y el desarrollo de tratamientos médicos. La pregunta que surge, entonces, es si un embrión aún no desarrollado, que no supera en tamaño al punto de la "i" incluida en su nombre, se puede considerar una "vida" humana. Desde un punto de vista científico, la respuesta mayoritaria es que no; desde el religioso, la más aceptada es que sí. Y, en una dimensión práctica, surge otra interrogante: si, como resultado de terapias reproductivas, unos embriones de todos modos van a ser descartados, ¿por qué no emplearlos en investigaciones que, cuando tengan éxito, sí garantizarán, más allá de cualquier duda, la salvación de vidas? Las opiniones religiosas son totalmente respetables; sin embargo, no deben interferir, de forma dogmática, en la real discusión ético-científica y en las políticas públicas al respecto. Por desgracia, esto fue lo que sucedió, de forma mucho más impositiva que en Estados Unidos, con el fallo de nuestra Sala Constitucional que, en el 2000, prohibió un procedimiento utilizado prácticamente en todos los países del mundo: la fecundación in vitro; también, esta concepción fue la que animó una iniciativa (fallida) del anterior Gobierno, en las Naciones Unidas, para que se adoptara una convención que prohibiese cualquier tipo de clonación. El veto de Bush, comparado con estos dos casos nacionales, es realmente moderado. Sin embargo, resulta inconveniente. Por suerte, cualquiera que sea su sustituto en la Casa Blanca, a partir de enero del 2009, es casi un hecho que variará la posición y, entonces, las investigaciones y el debate en torno a ellas podrán tomar un mejor ritmo.
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