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Autobuseros amenazan con paralizar sus servicios Medida será ejecutada si MOPT saca de circulación buses sin rampasEmpresarios dan 22 días para resolver alza de 12,7% en tarifas Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com Más de 500 autobuseros acordaron ayer paralizar el transporte público si el MOPT saca de circulación los buses que carecen de rampas para discapacitados. La represalia afectaría a 1,5 millones de personas que se movilizan a diario con dicho servicio. El grupo también acordó dar al Gobierno 22 días para que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tramite un aumento del 12,7% en las tarifas. De lo contrario, emprenderán acciones medidas adicionales. Los acuerdos se tomaron ayer entre 4:10 p. m. y 4:30 p. m. en el salón El Tobogán, en barrio Tournón, Goicoechea (San José). Exigen prórroga. Los empresarios alegan la imposibilidad de colocar rampas en todos los buses, como lo exige el reglamento de la Ley de igualdad de oportunidades (7.600), promulgada hace diez años. Dicha norma otorgó tiempo hasta el 2006 para adaptar todas las unidades, pero, a la fecha, solo el 12% de los 3.500 buses tiene las condiciones adecuadas. En un mes y medio, el MOPT debe quitar las placas a los automotores que incumplan la ley. El sector argumenta que el costo de instalar rampas es muy alto (¢5,1 millones cada una) y el Estado no adecuó las paradas de buses para empalmarlas con las rampas. La paralización será aplicada cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) saque el primer bus de circulación mediante la Policía de Tránsito o por rechazo en la revisión técnica. Los empresarios esperan que la Sala IV se pronuncie sobre una reforma a la ley 7.600, que permitiría una adaptación gradual de los buses en un plazo de ocho años, pero ayer se mostraron pesimistas. Ese proyecto ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los diputados consultaron su constitucionalidad a la Sala IV. Equilibrio económico. En cuanto a las tarifas, el gremio pretende un alza para compensar las de diésel y de salarios y la devaluación, generadas desde octubre hasta la fecha. La Aresep había iniciado un estudio tarifario, pero la Sala IV lo suspendió al acoger un recurso de un usuario de Turrialba, quien objetó que el debate público solo se realizara en San José. Los empresarios exigen además a la Aresep revivir la fórmula de ajuste automático para las tarifas al añadir la audiencia pública. La Sala IV anuló ese mecanismo porque carecía de dicho debate. Martiza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, informó de que tendrán una reunión con el regulador Fernando Herrero en los próximos días. A su vez, Viviana Martín, viceministra de Transportes, dijo ayer que el Gobierno no puede dejar de aplicar la ley 7.600, aunque apoya la reforma legal que hoy está en consulta ante la Sala IV. "Estamos en un Estado de derecho, y no puedo dejar de aplicar la ley. Nuestra esperanza está en que la reforma sea aprobada antes de que venza el plazo para sacar de circulación los buses", dijo Martín. En cuanto al asunto tarifario, la viceministra fue enfática en que el MOPT respeta la independencia de la Aresep en esa materia. Por su parte, la oficina de comunicación de la Aresep indicó que esta espera el fallo de la Sala IV.
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