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Regulación municipal limita construcción de vivienda popular Municipios impiden segregar terrenos en lotes pequeñosDesamparados y Alajuelita exigen que proyectos sean solo para sus vecinos Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com El Ministerio de Vivienda afronta dificultades para construir casas de interés social en la Gran Área Metropolitana debido a diversas restricciones impuestas por las municipalidades. Los planes reguladores de los cantones de Coronado, Moravia o Santa Ana establecen que los lotes para construir una casa deben tener, como mínimo, 180 metros cuadrados.
Pero el bono de vivienda solo alcanza para levantar una casa en lotes de 90 metros cuadrados. En otros cantones como Belén o Montes de Oca, sus alcaldes alegan que el costo de la tierra es tan elevado, que el monto máximo de un bono -¢3,6 millones- apenas alcanzaría para comprar el lote y no se podría levantar la casa. A esto se agrega que otros municipios como Alajuelita y Desamparados condicionan la construcción de residenciales de interés social, siempre y cuando las viviendas se destinen solo para sus pobladores pobres. "Nosotros queremos resolver nuestros problemas, no que nos traigan nuevos problemas", alegó el alcalde de Alajuelita, Víctor Hugo Echavarría, quien se opone a recibir pobres "migrantes" de otros cantones.
Alajuelita y Desamparados calculan que necesitan 7.000 casas con bono para erradicar los tugurios que hay en ambos cantones. El año pasado se calculó que en el país más de 36.000 familias requieren de un techo digno. Razones. La suma de estas restricciones inquieta a las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda. El jerarca del ramo, Fernando Zumbado, consideró que las limitaciones para la construcción son problemas arrastrados durante las últimas tres décadas, pues desde los 70 se promovió la creación de un gran "cantón metropolitano" que definiera sitios aptos para viviendas de interés social. No obstante, la dispersión de políticas urbanas cantonales dio al traste con la iniciativa. En Belén, el alcalde Víctor Manuel Víquez, agregó que hay una limitante aún más fuerte que los planes reguladores o el valor de las propiedades. Se trata de la falta de fuentes de agua potable. Víquez afirmó que, a futuro, este municipio no puede garantizar que haya suficiente líquido para nuevos desarrollos. Zumbado también cree que parte de la negativa de los alcaldes a recibir proyectos de interés social se debe también a un problema de "discriminación" hacia las familias de escasos recursos. "Las comunidades tienden a creer que un barrio de familias pobres es peligroso y traerá contaminación y problemas sociales. Prefieren tener centros comerciales, porque todos (los cantones), quieren ser como Escazú", alegó. Como alternativa, el Ministro pretende negociar con las autoridades cantonales, a fin de desarrollar proyectos en los que un porcentaje de las viviendas sean para familias de la localidad. El grueso de los bonos le correspondería a "migrantes" de otros cantones donde no hay terrenos aptos para construir. Zumbado criticó los condicionamientos de Desamparados o Alajuelita y hasta se cuestionó qué diría la Sala IV de una discriminación como esta.
Sin esperanza de tener casa en Moravia Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Marjorie Fonseca Vega invadió hace ocho años "un pedacito" de tierra en el precario Torre Molina, en San Jerónimo de Moravia. El área de terreno es tan pequeña, que aún con un título de propiedad, la municipalidad nunca le concedería permiso para construir una casa. En Moravia el ayuntamiento exige lotes superiores a los 180 metros cuadrados para poder levantar una vivienda, así que Fonseca es un ejemplo más de los pobres que están obligados a emigrar de un cantón a otro para poder conseguir un bono de vivienda. Ella vive en esa finca hace ocho años, junto a su compañero sentimental, su hija y cuatro nietos. La propiedad está constituida por unas cuantas latas de cinc y madera podrida en los pisos. Durante el invierno, el terreno, ubicado en una pendiente, se inunda y la familia teme que un derrumbe se lleve las pocas cosas que atesoran: la ropa, el televisor y la bicicleta del mayor de los nietos. La misma situación enfrentan sus vecinos Juan y Julia Alvarado, oriundos de Chontales, Nicaragua, pero que emigraron a Costa Rica cuatro décadas atrás. Aunque don Juan Alvarado asegura que es dueño del terrenito en el que instaló su rancho, el área no cumple con el límite mínimo que exige la Municipalidad para segregar. Juan, de 59 años, considera que la medida "puede negociarse" con el municipio, pues hace 15 años se asentó en Torre Molina y es un vecino "formal" que paga servicios públicos como agua potable y electricidad. No obstante, Alejandro Molina, alcalde de la localidad, aseguró que solo una reforma al plan regulador le permitiría reducir el área mínima de lote para construir. Eso sí, aclaró que el tema de modificar la regulación urbana del cantón ya está bajo estudio del Programa de Ordenamiento Urbano de la Gran Área Metropolitana (Prugam).
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