|
|
 |
|
 |
|||||||||
|
|
Liquidar el INVU cuesta ¢6.500 millones Instituto acumula déficit por ¢470 millones y no podría cubrir cierre propioJerarca presentará en tres meses un plan para rescatar institución Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Liquidar el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) cuesta ¢6.500 millones, pero la entidad no tiene el dinero para hacer frente a su propio cierre. El elevado costo financiero que tendría que asumir, obligó al Gobierno a frenar temporalmente sus intenciones de ponerle candado a una institución que en los últimos tres años ha sido incapaz de solventar sus propios gastos administrativos.
Los jerarcas del Ministerio de Vivienda cuestionan las razones para mantener vivo al INVU, que acumula un déficit de ¢470 millones y varias de sus viejas responsabilidades, como Urbanismo y el reparto de bonos de vivienda, están ahora duplicadas en otras entidades públicas y privadas. Eladio Prado, nuevo presidente ejecutivo del INVU, pretende diseñar en tres meses una estrategia para rescatar y reordenar al Instituto, dotarlo de recursos y convertirlo en el "brazo fuerte del sector Vivienda". Sin embargo, el ministro Fernando Zumbado considera que las intenciones de la Presidencia del INVU resultan "muy entusiastas" y que, por ahora, no vislumbra una salida positiva para la entidad. Contundente. El informe DFOE-FEC-12-2006 de la Contraloría General de la República calculó que el cierre del INVU rondaría los ¢6.489 millones y que los gastos de liquidación tendrían que ser costeados por el Gobierno Central. Agregó que del 2004 a la fecha el Instituto tuvo pérdidas por ¢470 millones y que incluso ha sufrido dificultades para cubrir salarios y cargas sociales. A esto se agrega el elevado porcentaje de morosidad. El 33% de los créditos para las familias muy pobres están retrasados y juntos adeudan ¢1.200 millones. De ahí que la Contraloría lo acuse de ineficiente en su gestión de cobro. Pero la Contraloría hizo una diferenciación entre el INVU Central, asistencialista, que le presta dinero a personas de escasos recursos, y el Sistema de Ahorro y Préstamo, que concede créditos hasta de ¢49 millones al 9% de interés. Este último Sistema es el único que el ente contralor y el propio jerarca del INVU excluyen de un eventual cierre, pues se encuentra sólido y estable. Hecha esa aclaración, la Contraloría conminó desde mayo a las nuevas autoridades para que definan el futuro del Instituto. Solo hay dos alternativas: "un plan de acción integral para el INVU (...) para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, o disponer las medidas pertinentes para llevar a cabo su disolución y liquidación". Limbo. Por ahora la decisión del Gobierno es incierta. Zumbado dijo que le concederán un tiempo "prudencial" al INVU para que ponga en marcha el plan de contingencia que propondrá Prado. Pero, si no funciona, el Consejo de Gobierno tendrá en sus manos el cierre. El Ministro más bien es proclive a transformar el Instituto en una entidad dedicada estrictamente a la erradicación de tugurios. De todas formas, el área de planeamiento urbano ya la ejecuta otra entidad: Programa de Recuperación Urbana de la Gran Área Metropolitana y el reparto de bonos de vivienda también lo realizan bancos, mutuales y cooperativas de ahorro y crédito.
En pocas palabras Eladio Prado Presidente ejecutivo del INVU Nadie se encarga de los marginados Cuál es la posición del Gobierno: cerrar o rescatar el INVU? Inicialmente hubo un cierto interés por el cierre del INVU. Posteriormente el Ministro pensó en fortalecerlo y en convertirlo en un brazo ejecutor fuerte para Vivienda. Creo que el Poder Central vio las inconveniencias de un cierre desde el punto de vista jurídico y su efecto social y económico. ¿Cuál es ese efecto social? No hay ninguna otra institución que se haga cargo de los sectores más marginados de la sociedad en el tema de vivienda, ni las cooperativas, ni las mutuales, ni la banca nacional consideran al más necesitado como sujeto de crédito. (El cierre) tendría que ir al Congreso, cuando el interés del Gobierno está enfocado hacia otros proyectos, telecomunicaciones, seguros y no necesariamente vivienda de interés social. Entonces el INVU se mantiene vivo para dar crédito a los más pobres... Solo se mantiene vivo por el crédito para la clase baja y la ley de erradicación de precarios. La Contraloría ha señalado que el INVU es incapaz hasta de cobrarle a los morosos. ¿Qué va a hacer? Tiene que haber un cambio, el compromiso que se inicia este mes es un cambio organizacional completo. Yo no le estoy diciendo que Urbanismo va a quedar igual o que lo va a asumir otra institución, todavía no los sabemos, necesitamos de unos dos o tres meses para definir la nueva orientación organizacional del INVU. ¿El INVU podría perder algunas partes? Podría... Yo en este momento no tengo ninguna intención, ni opinión, ni mandato de cómo debe ir la reorganización, estamos en el proceso de análisis, para luego plantearle al Estado propuestas del nuevo INVU. Si no sirven las propuestas ¿hay que pensar en el cierre? Hay que pensarlo.
INVU busca dinero para sobrevivir 18 meses Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Mientras se resuelve su futuro, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) necesita ¢1.700 millones para hacerle frente a todas sus obligaciones para los próximos 18 meses. Eladio Prado, su presidente ejecutivo, reconoció que los recursos son indispensables para poder cubrir los salarios y cancelar deudas atrasadas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Parte del dinero vendrá de una nueva ley aprobada en la Asamblea Legislativa que le permitirá al INVU (en su parte asistencial) disponer de hasta el 15 por ciento de las utilidades del Sistema de Ahorro y Préstamo. Eso significaría unos ¢825 millones anuales. El INVU también sacará a la venta varios terrenos en la zona de los Hatillos. Las propiedades podrían ser utilizadas para proyectos del Ministerio de Transportes. También hay otras fincas de vocación agrícola en las zonas rurales. Estos inmuebles pretende negociarlos con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Según Prado, con esas medidas acumularía ¢1.200 millones. Faltaría pedirle al Estado que le permita redireccionar recursos de la Ley de Asignaciones Familiares. Si todo sale bien, con ese dinero el Instituto podrá seguir funcionando hasta finales del 2007. Sin embargo, el ministro del ramo Fernando Zumbado cree que el dinero no será suficiente y que, a pesar de las modificaciones legales, el INVU es incapaz de sostenerse.
|
Enlaces comerciales: |
|||||||||
 |
|
|
© 2006. LA NACION S.A. El contenido de nacion.com no puede ser reproducido,
transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito del Grupo Nación GN S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Número telefónico: (506) 247-4747. Fax: (506) 247-5022. |
