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Medición de propiedades comienza el 24 de julio Arranca en dos cantones de Guanacaste y, en octubre, el restoPlan se hará solo en 68 por ciento del país porque recursos no alcanzaron Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com En los cantones de Nicoya y Nanadayure, Guanacaste, comenzará el próximo 24 de julio un plan para medir el 68% de las 1,3 millones de propiedades del país. Este censo de tierras -llamado también barrido catastral-, forma parte del Programa de Regularización del Catastro Nacional y del Registro de Bienes Inmuebles. La iniciativa procurará que coincidan tanto los datos del Catastro como del Registro sobre las fincas o predios en Costa Rica. En la actualidad hay muchas diferencias entre la información de ambas instituciones lo cual origina pleitos judiciales y fraudes. La primera parte de la evaluación estará a cargo de la Unidad Ejecutora del plan. Una segunda etapa, entre octubre y todo el 2007, buscará completar 11.617 kilómetros cuadrados, para un total de 519.361 predios. Para esta medición se contratará a una de las nueve empresas que participan en una licitación pública, por $13,5 millones. Las dimensiones de otras 342.221 propiedades (en 22.271 kilómetros cuadrados) serán revisadas entre el 2008 y el 30 de junio de 2009, con una nueva contratación estimada en $10 millones. "El objetivo general es mejorar la seguridad jurídica, de manera que nos permita tener un mercado inmobiliario más eficiente, transparente y que atraiga inversión nacional y extranjera hacia bienes inmuebles en general", resumió Claudio Ansorena, coordinador general de la Unidad Ejecutora. Conflictos.La etapa que está por comenzar estuvo precedida por la revisión de planos y datos del Registro, así como por la toma de fotografías aéreas en casi todo el país. Ahora, con el trabajo de campo, será posible comparar la información y determinar las diferencias. Alexánder González, ingeniero topógrafo que coordina esta parte del plan, estima que van a encontrar incongruencias en un 60% de las propiedades. Se prevé que algunos de esos conflictos serán resueltos con mediaciones, conciliaciones o arbitrajes, para lo cual ya fueron contratados 20 abogados. Si los dueños no se ponen de acuerdo irán por su cuenta a la vía judicial. Faltó plata.Para el 2009 también estarán listos nuevos mapas del país y la demarcación de las áreas bajo regímenes especiales, como reservas indígenas o áreas protegidas.
Además, estará funcionando un nuevo sistema de información territorial que permitirá a las municipalidades ser más eficiente en el cobro de impuestos. Asimismo, se instalará una red geodésica, que es un conjunto de estaciones con equipos de sistema de posicionamiento global (GPS), para localizar por coordenadas cualquier punto del país. Las actividades están financiadas con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por $65 millones aprobado en 2001 pero cuya ejecución tuvo muchos atrasos. Tantos fueron los problemas, que el año pasado el Ministerio de Hacienda consideró rescindir el contrato. Al final, se decidió que el plan continuaba pero reestructurado y reprogramado. La Unidad Ejecutora, que comenzó a trabajar en agosto de 2005, determinó que el dinero solo alcanzaba para hacer el barrido catastral en el 68% de los predios. Para el resto se necesitará otro préstamo. "Si demostramos los efectos concretos de este proyecto, se nos allanará el camino para buscar fondos. Una vez que presentemos resultados vamos a tener una propuesta para remitirla al Congreso", anunció Laura Chinchilla, ministra de Justicia.
Alcaldías aspiran a mejorar recaudación Oliver Pérez e Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com La posibilidad de aumentar el dinero en las arcas municipales emociona a los alcaldes de Nicoya y Nandayure donde comenzará en dos semanas el barrido catastral. "Me parece que esto va a ser beneficioso para el cantón. A nosotros en la municipalidad nos va a permitir actualizar nuestros datos", afirmó Gerardo Rodríguez, alcalde de Nandayure. Su homóloga en Nicoya, Jennifer Flores, es del mismo parecer. "La gran favorecida es la corporación municipal, porque nos permitirá tener una buena y real recaudación de impuestos", añadió. Para el vecino alcalde de Hojancha, Juan Marín, la revisión de territorios también será bueno para definir la situación de la Reserva Indígena de Matambú. Uno de los componentes del programa de regularización y catastro es darle a las municipalidades herramientas tecnológicas y de capacitación para mejorar la administración de los cantones y el cobro de impuestos territoriales. "Será en las municipalidades donde más se verán los resultados", pronostica Olman Rojas, politólogo y administrador que coordina esta área del programa. El objetivo se justifica porque la recaudación, que debiera ser la mayor fortaleza de los ayuntamientos, es la gran debilidad. Así lo demuestran datos suministrados por Rojas, según los cuales en algunos casos como Matina (Limón) solo se recauda el 20% de los impuestos, mientras en Alajuelita y Montes de Oca (San José) llega al 25% y 41%, respectivamente. Otra meta del programa de regularización es apoyar la elaboración de planes reguladores, pues, según Rojas, a la fecha, solo hay 33 en todo el país y, de ellos, unos 12 están vigentes. El tema de planes reguladores tiene especial relevancia en Guanacaste por el crecimiento de proyectos turísticos y el auge en la construcción.
Plan meterá mano para ordenar zonas bajo regímenes especiales Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com Matambú es un poblado guanacasteco que se encuentra bajo los regímenes de reserva indígena y de asentamiento campesino. Confusiones como esa doble "identidad" parecieran ser abundantes cuando se habla de las áreas bajo regímenes especiales (Abre), que incluyen zonas silvestres protegidas, reservas indígenas, territorios adjudicados por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y zona marítimo-terrestre (ZMT). Por eso es que para poner orden en el territorio nacional, el Programa de Regularización del Catastro y del Registro necesita meterles mano para identificarlas, amojonarlas y ordenarlas. Se evisará la situación de 19 zonas silvestres protegidas, 16 territorios del IDA, 15 reservas indígenas y 16 puntos de la zona marítimo-terrestre (franja de 200 metros de playa que se ubican a partir de la línea de marea alta). Según Míriam Miranda, coordinadora de esa área del proyecto, se hizo la selección con asesoría del Instituto Costarricense de Turismo y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. El criterio básico fue que se tratara de zonas donde todavía hay posibilidad de planificar el desarrollo y hay interés en hacerlo. De estas área, según expuso Miranda, existen muchas regiones que para el Estado ya están "perdidas".
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