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Embate inflacionario a los salarios Alejandro Urbina aurbina@nacion.com Director Los asalariados costarricenses se empobrecieron en los últimos dos años. Como informó La Nación el martes pasado, el salario promedio mensual reportado a la CCSS, expresado en colones de hoy, cayó de ¢266.344 a ¢253.513, un 4,8%. En ese mismo período, abril del 2004 a febrero del 2006, la inflación promedio creció de un 9% a un 12%. Por su limitada capacidad de defensa ante adversidades económicas, los asalariados recibieron la peor parte del embate inflacionario. Para efectos prácticos, la inflación constituye un impuesto que pesa sobre los consumidores y favorece a los deudores. El Gobierno, como principal deudor nacional, se beneficia con la inflación pues esta reduce el valor real de sus pasivos. De todos los impuestos, el impuesto inflacionario es el más injusto por su odiosa regresividad; pagan más los que menos tienen. Los trabajadores con menores salarios tienen menos posibilidades de ahorrar (y así proteger parte de sus ingresos de la inflación) que aquellos con salarios superiores. Al ahorrar, la tasa de interés recibida compensa -supuestamente- la pérdida de valor que causa la inflación. Al contrario, todo lo que se consuma a precios más elevados resulta un pago del impuesto inflacionario. A esta injusticia del impuesto inflacionario hay que sumar la regresividad del impuesto al salario que disfrazamos en Costa Rica como "cargas sociales". Este combo impositivo sobre los asalariados estimula el trabajo informal y explica la baja afiliación (53%) a los regímenes de la CCSS. La situación de los asalariados no se puede remediar de la noche a la mañana. Sin embargo, ciertas iniciativas podrían atenuar el impacto de las condiciones económicas adversas que padecen los trabajadores. Para los trabajadores con menores salarios, la regulación de la oferta laboral inmigrante es indispensable. Mientras exista la posibilidad de que patronos contraten inmigrantes, impunemente al margen del sistema de seguridad social, los salarios de estos trabajadores seguirán deprimidos. La competencia laboral es sana con condiciones iguales para todos, pero injusta cuando, como hoy, prevalecen situaciones ventajosas solamente para unos. La situación actual fomenta la informalidad pues perjudica a los trabajadores en regla. Los reglamentos de la CCSS, en cuanto al servicio de salud y al régimen de pensiones, también fomentan la informalidad. La caída en los salarios reportados a la CCSS podría responder a una "desafiliación" a la CCSS de los trabajadores con mayores ingresos. Estos sistemas de beneficios restringidos, pero de cotización ilimitada, inducen a la deserción. Si se estableciera un salario máximo al que aplican las cargas sociales, como se propuso -y no se aprobó- en la reforma pasada, más trabajadores con altos salarios cotizarían, y el costo de la seguridad social se distribuiría entre más. La misma competencia desigual que se da entre los trabajadores formales e informales de bajos salarios ocurre en el otro extremo de la escala salarial. Además del impuesto inflacionario, las cargas sociales también constituyen otro impuesto al salario con similar regresividad; igual porcentaje pagan los de altos salarios que los de ingresos menores. Un impuesto único al salario, que incluya tanto las cargas sociales -aporte patronal y obrero- como el impuesto sobre la renta y, con un tope máximo exento, eliminaría la regresividad de las cargas sociales. Por su simplicidad, este impuesto sería más sencillo de controlar. Además, aumentarían las cotizaciones a la CCSS, mejoraría la recaudación de Hacienda y, lo más importante, resultaría mucho más equitativo. Estos cambios en los impuestos al salario aliviarían la pérdida observada en el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, nada mejorará más la condición de los trabajadores que una menor inflación. Resulta urgente trasladar las pérdidas del Banco Central al Ministerio de Hacienda para que el instituto emisor pueda concentrarse en combatir la inflación y no tenga la tentación, como deudor, de mayores inflaciones. El embate a los asalariados ya fue suficiente.n
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