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EDITORIALA tontas y a locas Muchas compras del Estado se han efectuado con prescindencia total del buen juicio y del orden moralLa negligencia del Estado ha llegado a tal punto que, a la postre, se convierte en el mejor aliado de quienes demandan Sin cerrar el capítulo del variopinto desbarajuste en el Ministerio de Seguridad Pública, en los dos gobiernos anteriores, como hemos informado en estas semanas, se abre ahora el episodio del desorden informático en el Ministerio de Educación Pública en la administración anterior. Si las patrullas rumanas del Ministerio de Seguridad eran de mentirillas, como el nombramiento de un grupo de policías, la compra e instalación del sistema informático en el MEP para pagar sin demora el salario a 500.000 educadores resultó también una broma cruel. En ambos casos, brota la misma perplejidad. El sistema informático del MEP se le compró al consorcio GBM/SOIN, por $700.000, y se instaló en el 2002. Sin embargo, ahora se tendrá que desechar, como las patrullas rumanas, porque sencillamente no ha servido, pues los problemas salariales se reavivaron y, cinco meses después de iniciado el curso lectivo, muchos profesores no han recibido el salario. Otros docentes, además, no han percibido un centavo por recargos o por doble jornada. El sistema es tan ineficiente que 22 profesores reales del Liceo de Sabanillas de Acosta fueron borrados de la planilla, y es tan milagroso que permite el pago de lecciones no aprobadas por el MEP. Y, como si fuera poco, es el único sistema incompatible con el del Ministerio de Hacienda. Gran descubrimiento: el análisis de requerimientos y el cartel se elaboraron a tontas y a locas. Y nadie, por supuesto, se dio cuenta. Solución: destinar otros $300.000 para un nuevo software. Y aquí paz y allá gloria. Mientras tanto, una información de ayer de La Nación nos pone al tanto de que 55 estudiantes de la escuela Kilómetro 7, en La Purruja, reciben lecciones en el corredor de la institución por la falta de aulas. Además, los diputados aprobaron anteayer un proyecto de ley para beneficiar a un grupo de educadores con una pensión especial cuyo costo, según el exministro de Hacienda, Federico Carrillo, será de ¢30.000 millones, todo lo cual pone en entredicho la posición del gobierno en la formulación de un plan fiscal, que será tema de otro día. En este marco, informó ayer La Nación de que la empresa petrolera Harken Costa Rica Holdings exige $13 millones -la misma suma que tendrán que pagar los contribuyentes por el tristemente famoso dique flotante en la administración Monge Álvarez- por la suspensión de un contrato, en el gobierno de don Abel Pacheco, para la exploración de hidrocarburos en Limón. Si no se actuó a derecho, las consecuencias serán graves. Igual preocupación nos asalta en el caso de Alterra, en que, si bien esta empresa suspendió las obras según su talante, lo cierto es que el Estado, al proceder con negligencia e imprudencia en este largo proceso, puede haber sentado las premisas para una fuerte demanda. En los cuatro casos señalados anteriormente, es palpable la irresponsabilidad de los funcionarios públicos. Se ha comprado, a la ligera, equipo tecnológico o vehicular, sin satisfacer principios o normas básicas, o bien se han tomado decisiones a la buena de Dios, sin medir sus consecuencias en el orden jurídico, financiero o económico, alentados los responsables posiblemente por el coronamiento de la impunidad personal. La cultura del cumplimiento del deber y del juramento empeñado no ha calado hondo por cuanto a la inobservancia no sigue aún la lógica de la sanción. El país confía, por ello, en que a la investigación suceda, como ha ocurrido en otros casos, en estas semanas, la publicidad y la denuncia ante los tribunales.
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