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EDITORIAL

Solo 8 camas

La labor del Estado en pro de centenares de menores drogadictos, que viven en las calles, se reduce a 8 camas en el Psiquiátrico
Quienes se oponen al cambio en el país pretenden ocultar los problemas sociales que numerosos reportajes han puesto al descubierto


Diego -nombre supuesto de un menor de edad de 13 años- está en tratamiento en el Hospital Psiquiátrico, en Pavas, abatido por la droga. Sin rodeos ni inhibición alguna le dijo al periodista de La Nación Otto Vargas, según se consignó en el reportaje de ayer: "Una vez tuve que chucear a un maecillo que se me fue con ¢10.000. A mí no me vendían piedra porque soy chiquillo. Lo herí en el abdomen y lo tiré desde un puente al río. No me dio miedo. La verdad. que se muera".

La condición de muchos menores de edad, como él, que deambulan o, con más precisión, que "viven" en las calles de San José, principalmente, queda documentada en las siguientes palabras: "Ya intenté quitarme la vida una vez. Me corté las venas con un cuchillo de sierra. Uno despierta todos los días obstinado. La gente nos ve como escoria y eso nos hace sentir mal". Según un estudio efectuado en el 2002 -"Realidad de los niños y adolescentes en situación de calle en Costa Rica"- 1.500 menores vivían en las calles y el 76% de ellos era adicto a las drogas. El presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Mario Víquez, manifiesta, en el citado reportaje, que hay, al menos, 100 consumidores graves en San José y 50 en la periferia. El año pasado, el PANI atendió a 934 menores drogadictos de la calle.

El Hospital Psiquiátrico no da abasto no por falta de voluntad, como se ha dicho, sino de espacio, a tal punto que hubo que cerrar, por varios meses, la sección de niños en este centro para atender a los drogadictos menores. Al final, expresa el jefe de hospitalización, Álvaro Hernández, se separaron 8 camas para los adictos y 10 para pacientes psiquiátricos. En suma, este es el palmarés del Estado: 8 camas, mientras la presa aumenta en el Hospital Psiquiátrico, pese a que, de acuerdo con una resolución de la Sala Constitucional del 17 de mayo del 2005, es a la CCSS a la que le corresponde brindar este servicio por tratarse de casos de adicción y consumo, esto es, de salud pública. Al parecer, dentro de poco, el IAFA construirá un centro especializado, ordenado por la Sala Constitucional.

No es, pues, solo un problema de espacio, sino de visión, de sensibilidad humana y de voluntad política, a tal punto que ha sido la Sala Cuarta la que, como en muchos otros casos de indiferencia o inoperancia gubernamental, ha tenido que llenar el vacío producido por la falta de acción. Nadie puede alegar ignorancia de las historias desgarradoras de estos niños y niñas en nuestras calles. Cuando, en el reportaje de La Nación citado, "Juan", de 16 años, confiesa que ya perdió la cuenta de la gente que ha apuñaleado y que así ha sobrevivido desde los 11 años, simplemente está repitiendo una historia conocida y repetida, al calor del cemento, del thinner, la piedra, la cocaína y las sustancias inyectables, cuya rutina, en la calle, sustituye la comida y la ropa para abrigarse.

¿Por qué, durante tantos años de denuncias en la prensa, de informes de centros privados, que tratan de rehabilitar a estos menores, de estudios del PANI y hasta del espectáculo callejero diario, que todos observamos, el Estado no ha actuado en forma integral? El argumento manido de la falta de recursos en el sector social ya no es de recibo pues no se han usado sumas ingentes de recursos presupuestados. Se trata de un asunto de comprensión, de jerarquización de los problemas, de coordinación y de incapacidad de ejecución. El dato expuesto en el reportaje de ayer es más elocuente que cualquier diagnóstico: carencia de un centro de desintoxicación y de rehabilitación, y solo 8 camas para atender centenares de casos de niños drogadictos.

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