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Comisión tendría amplios poderes en telecomunicaciones Ministro Barrantes incómodo con oposición "política" de comisión del ICEPablo Cob: importancia de plan trasciende los aspectos técnicos Álvaro Murillo M. alvaromurillo@nacion.com Una comisión con amplias potestades y autonomía del Poder Ejecutivo regulará el sector de telecomunicaciones si se llega a aprobar el proyecto de Ley marco que prepara el Gobierno a pesar de divergencias con jerarcas del ICE. La Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones (CRT) la integrarían cinco miembros que debería nombrar el Consejo de Gobierno y ratificar la Asamblea Legislativa. "La CRT no se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en las atribuciones y será independiente de todo operador de redes y proveedor de servicios", dice el artículo 11 del borrador más reciente, del 12 de diciembre del 2005. El ente debería dictar la política en telecomunicaciones, emitir reglamentos de operación y sancionar incumplimientos. También otorgar concesiones y fijar el margen de tarifas que podrán cobrar los operadores, en un escenario de apertura de negocios que hasta ahora son monopolio del ICE. El proyecto de ley está a cargo de una comisión nombrada por el Consejo Económico, que debe coordinar con una subcomisión de cinco jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Sin embargo, aunque el Gobierno de Abel Pacheco no lo descarta públicamente, se cree que las divergencias sobre el papel que cumplirá el ICE en un mercado abierto harán muy difícil que el proyecto sea finiquitado y aprobado por el Congreso en esta legislatura. La nueva ley es necesaria para regular la apertura del negocio de telecomunicaciones, establecida en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Costa Rica y cinco países más firmaron con Estados Unidos. Enfrentados. El ministro de Economía y coordinador del Consejo Económico del Gobierno, Gilberto Barrantes, dijo que la negociación del proyecto no ha avanzado porque la comisión del ICE tiene intereses más políticos que técnicos. "Recordemos que esto es apertura y en ese escenario ya el ICE no puede ser juez y parte como lo es hoy. Con apertura el ICE debe jugar otro papel", dijo Barrantes. Pablo Cob, presidente ejecutivo del ICE y uno de los miembros de la comisión que estudia el proyecto, respondió que la ley sí debe tener un amplio trasfondo político. "Esto no puede tener un tratamiento solo técnico, tiene gran trasfondo político. Requiere de consenso de sectores involucrados y queremos que el operador estatal siga siendo exitoso". Cob agregó que este borrador del proyecto lesiona al ICE al quitarle potestades como asignar frecuencias, el servicio 113 y la confección de las guías telefónicas. La negociación podría reactivarse en dos semanas.
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