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Gobierno renunció a controlar calidad de vivienda popular ¢40.000 millones invertidos en bonos sin inspección desde noviembre del 2003Colegio de Ingenieros revisará casas con menos dinero que Ministerio Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com El Ministerio de Vivienda renunció a controlar la calidad de las casas para familias pobres: ya no revisa si las paredes quedaron torcidas, si las aguas del tanque séptico se rebalsan o si el piso está reventado. La última auditoría de calidad concluyó a finales del 2004, pero evaluó proyectos de interés social del período mayo-noviembre del 2003. Eso significa que en los últimos 26 meses ninguna casa ha sido inspeccionada y no hay garantía de que las empresas constructoras hayan cumplido con todos los requisitos técnicos y de seguridad que exige el Ministerio de Vivienda. Las autoridades del sector alegan que se quedaron sin presupuesto en el 2005, porque la Asamblea Legislativa no aprobó la partida para hacer las inspecciones. Además, Ángelo Altamura no firmó a finales del año pasado un convenio de cooperación con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, órgano que ofreció profesionales para que el Ministerio realizara las auditorías. Hoy, con el programa de Auditorías de Calidad paralizado, no hay forma de corroborar si las casas cumplen con la directriz 27, una norma instaurada por el exministro de Vivienda, Helio Fallas, en setiembre del 2003. Este documento establece 21 requisitos constructivos que debe cumplir una casa de interés social. Entre ellas, que el área de la edificación no debe ser menor de 42 metros cuadrados, el contrapiso de concreto debe tener un mínimo de 7,5 centímetros de espesor y que todas las paredes estén libres de grietas y reventaduras. Desde el jueves de la semana pasada, La Nación intentó obtener el criterio del actual ministro de Vivienda, Ángelo Altamura, pero no respondió a las gestiones que se realizaron a través de su oficina de prensa, ni al mensaje grabado ayer en su teléfono celular. Responsabilidad profesional. Ante la inacción del Ministerio de Vivienda, Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros, confirmó la semana pasada que será este órgano el que asuma por cuenta propia la evaluación de las casas de interés social. Según explicó, en el 2005 el Ministerio pidió varios ingenieros al Colegio, pero luego no los ocupó en el programa. "El señor Ministro no quiso firmar el convenio para apoyar la auditoría de calidad y luego no la realizó. Desconozco por qué", agregó Vargas. Fuentes cercanas al Ministerio confirmaron a La Nación que hubo presiones de sectores políticos y de la construcción, para que las auditorías de calidad no se llevaran a cabo; en especial si un órgano independiente como el Colegio estaba a cargo, pues había más riesgo de que se encontraran anomalías en las obras. El Colegio realizará la nueva auditoría de calidad a partir de abril y, para ello, contará con 11 personas entre ingenieros, arquitectos, sociólogos y trabajadores sociales. Evaluará residenciales y casas individuales correspondientes al período noviembre 2003-abril 2005. En ese lapso el Ministerio invirtió unos ¢40.000 millones en bonos y construyó unas 16.000 viviendas. Según Olman Vargas, la auditoría costará ¢10 millones y el trabajo de campo estará listo en 12 semanas. La inversión del Colegio es inferior a la partida de ¢14 millones con que cuenta actualmente el Ministerio de Vivienda para realizar las auditorías. Aún así, el viceministro del sector, Ramiro Fonseca, alegó que el programa no ha continuado "por falta de presupuesto". Fonseca agregó que en noviembre del 2005 le presentó al ministro Altamura el convenio de trabajo con el Colegio Federado. "Supe que el Ministro estaba evaluando las implicaciones jurídicas del convenio, pero no sé si lo ha resuelto". Consultado sobre el tema, el exministro Helio Fallas (mayo 2002-junio 2005), alabó que sea el Colegio el que reasuma la inspección de las viviendas. "Las mejores evaluaciones son aquellas que se realizan por entes externos a los que ejecutan las obras".
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