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Prófugos pagaban $800 por alterar registro migratorio Fraude les permitía salir del país o certificar ausencia cuando ocurrió delitoJuzgado dictó tres meses de prisión preventiva por sabotaje informático Rónald Moya rmoya@nacion.com Dos funcionarios de Migración detenidos el jueves por la Fiscalía y el OIJ cobraban $800 por borrar del sistema de cómputo los impedimentos de salida a los prófugos de la justicia. De esta manera, los acusados lograban salir el país por aeropuertos o puestos fronterizos sin obstáculo alguno.
En uno de los casos, los dos empleados de Migración anularon un impedimento de salida a un acusado por tráfico de drogas a cambio de los $800 (¢402.000). Los detenidos son un desarrollador de sistemas informáticos, de apellido Piedra, de 37 años, y una secretaria del departamento de cómputo, de apellido González y de 45 años de edad. A los dos se les detuvo en un allanamiento de sus oficinas, en la Dirección de Migración, en La Uruca, San José.
Se les atribuye, aparte de eliminar los impedimentos de salida, el registrar movimientos migratorios ficticios que permitían a las personas que les pagaban contar con una certificación de que a la fecha en que se les atribuía la comisión un delito, estaban fuera del país. "La situación es muy grave. Una persona acusada podría haberse eximido con solo presentar una certificación de que que estaba fuera del país cuando ocurrió el hecho; pueden haber varios casos así", dijo la subdirectora de Migración, Roxana Quesada. Piedra y González tenían diez años de laborar para la entidad. Sin embargo, ninguno de los dos estaba autorizado para ingresar al registro de movimientos migratorios e impedimentos de salida. Quesada explicó que Piedra logró entrar al servidor o computador central mediante una clave asignada a un exfuncionario de apellido Solís que dejó de trabajar para la entidad hace años. No está claro cómo tuvo acceso a ella. Encarcelados. El Juzgado Penal de Turno Extraordinario les dictó ayer tres meses de prisión preventiva a Piedra y a González. Ambos enfrentan el delito de sabotaje informático. Se trata de un delito que entró en vigencia el año pasado y que se sanciona con prisión de uno a cuatro años al que por cualquier medio acceda, borre, suprima, modifique o inutilice sin autorización los datos registrados en una computadora. En el allanamiento, la Fiscalía se incautó las computadoras que usaban los dos funcionarios. Delatados por e-mail. La investigación la inició la subdirectora de Migración, Roxana Quesada, a raíz de un correo electrónico anónimo que le llegó el 2 de enero de este año. El informante le envió nombres y fotos del momento en que los sospechosos alteraban registros. Además, le pidió hacer lo posible porque se hiciera "justicia" y "sanear" la institución. De hecho, la persona le dijo a Quesada: "Confío en su sano juicio y sentido de justicia". Con la información, Quesada contactó al Organismo de Investigación Judicial, que logró recopilar más pruebas. Documentos policiales indican que Piedra y González venían alterando los impedimentos de salida y los movimientos migratorios desde al año pasado. La policía determinó que el 6 de diciembre pasado, Piedra y González alteraron los movimientos migratorios de una mujer de apellido Fernández. Luego, el 13 de diciembre, eliminaron un impedimento de salida que pesaba sobre un hombre de apellido Delgado, el cual debía comparecer a un juicio. ´ Solo en dos días, el 9 y 10 de febrero pasado, el hombre hizo cinco modificaciones, algunas en favor de personas con juicios pendientes. Esto se comprobó con la colocación una cámara oculta en esa oficina. El video muestra a Piedra utilizando la computadora de González y a ella anuente, pues no pone ninguna objección. Las modificaciones se dieron en horas de la mañana. Con la clave, Piedra alteraba a su gusto datos existentes en el registro de movimientos migratorios. "Piedra modificaba los movimientos migratorios de determinadas personas y levantaba los impedimentos de salida ordenados por las autoridades judiciales", indica un informe policial. Cuando la persona beneficiada salía del país, él volvía a incluir el impedimento de salida en la base de datos. De acuerdo con las pesquisas, Piedra logró hacerse de buenos ingresos. Analista de sistemas vive en opulencia Rónald Moya rmoya@nacion.com Aunque su salario en Migración no supera los ¢500.000, el analista de sistemas de apellido Piedra es dueño de varias propiedades. A su nombre aparecen fincas y al menos tres carros. Uno de ellos es un todoterreno Suzuki Grand Vitara modelo 1999, cuyo valor fiscal es de ¢6 millones. Además, se cree que algunos hogares dependen de él. Así lo señala un documento judicial al que tuvo acceso La Nación y que es parte de la investigación. El informe dice que Piedra, originario de Turrialba, Cartago, es una persona con una " gran solvencia económica que incluso, en apariencia mantiene varias familias". Los inmuebles de Piedra están ubicados en Cartago, Puntarenas y San José. No fue posible obtener el área de cada propiedad ni su costo aproximado. La fiscalía no descarta que Piedra formara parte de un grupo integrado por personas ajenas a Migración que utilizaban los servicios del funcionario para beneficiar a perseguidos de la justicia eliminando los impedimentos de salida. En criterio de agentes judiciales, es posible que haya una persona ajena a la Dirección de Migración, en La Uruca, que sea quien verdaderamente maneja las "ganancias producidas por Piedra". En relación con la secretaria, de apellido González, no se conocen de bienes muebles o inmuebles de gran valor a su nombre. Ella es vecina de Heredia, provincia en la que tiene su casa de habitación. Su salario en Migración es de aproximadamente ¢300.000 por mes. Gestión de despido. La subdirectora de Migración, Roxana Quesada, informó de que ayer iniciaron la gestión de despido de los dos funcionarios "No podemos tener gente así", comentó. Por otra parte, trascendió que la Fiscalía y el OIJ estudian la posibilidad de nuevos allanamientos fuera de Migración.
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