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EDITORIALFestín en la vivienda popular Proyecto Yireth en Puntarenas: una vitrina de anomalías, impunidad y burla de las familias pobresEl próximo Gobierno debe, de una vez por todas, poner orden, técnica, legalidad y sentido humano en este campo Por un elemental respeto a los sectores más pobres del país, en particular a las familias necesitadas de vivienda, a las leyes vigentes en la materia y a la moral, es preciso poner fin, de una vez por todas, al abuso de algunas empresas constructoras e instituciones públicas en este campo. Pese a los informes de la Contraloría General de la República y a los numerosos reportajes publicados, la ilegalidad y la explotación hicieron de las suyas. A la lista interminable de denuncias en el orden de la vivienda popular, construidas al amparo del bono respectivo, se agrega el reportaje de hoy en La Nación, extraído de un informe DFOE-SM-177/2005 de la Contraloría sobre los resultados del estudio efectuado en el proyecto urbanístico Yireth, de cuyos responsables, lamentablemente, no da cuenta dicho informe. Estos, carentes de norte, han aparecido, sin embargo, en otras informaciones. En esta oportunidad, figuran los mismos vicios y errores denunciados en años anteriores. Pareciera un disco rayado y un cuento de nunca acabar, prueba inequívoca del funcionamiento del Estado, principalmente en el campo social. El informe de la Contraloría sintetiza las anomalías -para usar un eufemismo- de la siguiente manera: un proyecto desarrollado al margen de varias e importantes cláusulas de la legislación sobre planificación urbana, leyes y reglamentos conexos, que denotan falta de control y supervisión de la administración municipal sobre los requisitos establecidos en materia urbana. Viene, luego, tras este abreboca, la pormenorización de las irregularidades de orden técnico y legal. Un verdadero festín de irresponsabilidad. Enunciamos algunas: inadecuado drenaje pluvial, saturación de excretas y aguas pluviales y servidas, vías en malas condiciones, carencia de aceras y rampas en las esquinas, ausencia de señalamientos de vías, divorcio entre las áreas públicas construidas -en total abandono- y las aprobadas, deficiencias en la infraestructura y en acabados, falta de la garantía de cumplimiento de la obra, de parte del INVU, obras realizadas sin permiso de construcción y sin pago de impuestos, fallo en la entrega de las obras a la Municipalidad de Puntarenas, cumplimiento parcial de las disposiciones emitidas por la Contraloría, en noviembre de 2002, sobre planificación urbana, y una serie de anomalías más. En fin, un verdadero festín de irresponsabilidad entre el sector público y el sector privado. Este proyecto, de 574 casas, se inauguró en agosto de 2001, en la administración Rodríguez Echeverría. En febrero del 2002, 29 familias decidieron vivir en la calle por cuanto, estando vacías las construidas, no se las entregaban a ellas. En marzo del 2002, el Banhvi informó de que 206 casas seguían deshabitadas. Al parecer, el objetivo era construir, a tontas y a locas, sin orden ni concierto, pisoteando leyes y normas técnicas. El propósito no era ayudar a las familias urgidas de vivienda, sino mofarse de ellas y asegurarse una buena rentabilidad. No encontramos otra explicación. Todo esto supone, de parte de las empresas constructoras, un poder exorbitante y, del Estado, un padrinazgo generoso. ¿Por qué, durante tanto tiempo, reinaron la anarquía, el desorden y la impunidad en materia de vivienda popular? ¿Por qué las empresas cuestionadas no fueron objeto de sanción y, más bien, siguieron construyendo a sus anchas? ¿Por qué el ministro de Vivienda, Helio Fallas, quien se esforzó en poner orden en este caos, sufrió el acoso de diputados y algunos grupos interesados? ¿Por qué el INVU no actuó a tiempo? He aquí otro campo de acción urgente para el próximo Gobierno. Si corrupción es, conforme a la ley, desnaturalizar las funciones del Estado y apartarlas del deber del bien común, el campo de la vivienda popular presenta en este sentido una agenda dilatada.
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