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Sala de Redacción Gobierno de Ecuador radicaliza su posición ante protestas 10:42 AM hora local Quito (EFE). El Gobierno de Ecuador radicalizó hoy su posición ante las protestas de la provincia amazónica de Napo, declarada en estado de excepción, y advirtió de que será detenida toda persona que atente contra las instalaciones estatales. Cerca de la medianoche del martes, el jefe del Estado dispuso que Napo sea considerada "zona de seguridad" y suspendió varios derechos ciudadanos en esa jurisdicción, donde se asienta una buena parte de la industria petrolera nacional. El secretario general de la Administración, José Apolo, aseguró hoy que las autoridades van a "capturar" a quienes dañen bienes públicos durante la protesta, que comenzó el pasado domingo en demanda de la asignación de recursos para obras de infraestructura. "Que se atengan a las consecuencias quienes atenten contra los bienes del Estado ecuatoriano", dijo Apolo a la emisora de televisión Gamavisión, al tiempo que afirmó desconocer las denuncias de los manifestantes respecto a la detención de algunas autoridades de Napo. Según los medios de comunicación locales, las autoridades detuvieron esta madrugada a la prefecta (gobernadora) de Napo, Gina San Miguel Palacios, y a los alcaldes de Tena, Washington Varela, y de Santa Clara (cantón de la provincia de Pastaza), Rigoberto Reyes. Aunque Apolo dijo desconocer esas detenciones, adelantó que "el gobierno de Alfredo Palacio no va permitir que sea parte de una negociación la libertad de quienes han atentado contra los bienes del pueblo ecuatoriano". El gerente de oleoducto de la empresa estatal de petróleo, Petroecuador, Héctor Villacrés, dijo hoy que la paralización por unas horas del transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Tranescuatoriano (Sote) causó pérdidas de 13,5 millones de dólares al Estado. A principios de semana, Petroecuador suspendió por unas horas el bombeo y luego las exportaciones debido a que los manifestantes dañaron equipos de una estación de bombeo. El oleoducto de crudos pesados (OCP) mantiene cerrado desde el martes el transporte de 160.000 barriles diarios de crudo, una vez que un grupo de manifestantes ocupó sus instalaciones. El OCP es administrado por un consorcio integrado por la petrolera Encana (Canadá), Repsol YPF (hispano-argentina), Petrobras (Brasil), Occidental (EEUU), Perenco (Francia) y Agyp (Italia). Villacrés lamentó la imagen internacional que acarrea la protesta en Napo, pues las compañías extranjeras "no tienen la seguridad ni la certeza de que sus programaciones de embarque y transporte de petróleo puedan cumplirse". El gerente se declaró "preocupado" por la situación, ya que si se atentase contra el oleoducto, el tiempo de reparación sería incierto por la dificultad para llegar a Napo debido al corte de las carreteras por parte de los manifestantes. Asimismo, indicó que, si se suspendiese el transporte del petróleo, la producción se vería afectada pues las empresas tendrían que cerrar pozos paulatinamente en incluso paralizar sus operaciones. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y los ingresos por sus ventas financian alrededor del 35 por ciento del presupuesto general del Estado.
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