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EDITORIALFallida reforma fiscal Los ansiados recursos serán insuficientes para financiar el déficit fiscal y no se ataca el gasto públicoSe ha malogrado la valiosa oportunidad de una reforma fiscal integral, sencilla y equitativa A pesar de las críticas formuladas al proyecto de reforma fiscal impulsado por el presidente Abel Pacheco, y a sabiendas de que las modificaciones tributarias son muy difíciles de tramitar en una democracia entrabada como la costarricense, la Asamblea Legislativa aprobó, en primer debate, la última versión elaborada con todos los vicios y defectos que se le introdujeron a última hora. Malogró, así, la valiosa oportunidad de llevar a cabo una reforma fiscal integral, que contemplara no solo nuevos impuestos, sino también recortes y racionalización de gastos. Pero no todo se ha perdido. Quedan aún el control constitucional por la forma y el fondo que deberá efectuar la Sala IV, y la oportunidad de que los legisladores rectifiquen su posición al discutirlo y votarlo nuevamente en el segundo debate. Al proyecto aprobado se le han señalado muchos defectos que la Asamblea no ha sabido corregir. Los dos principales son que los recursos esperados serán insuficientes para financiar el déficit fiscal actual y potencial, y que tampoco solucionará las pérdidas del Banco Central, principal causa de la inflación y la pobreza. El proyecto no producirá el ansiado equilibrio macroeconómico, no se reducirá efectivamente la deuda pública acumulada ni el denominado "riesgo país" para atraer mayor inversión nacional y extranjera. Otro de los problemas de la denominada reforma fiscal "integral" es ignorar por completo el problema del gasto público, la duplicación y exceso de funciones del Estado, las prebendas sindicales, la baja competitividad de los servicios públicos, la irracionalidad de las tarifas (que son impuestos indirectos), los engorrosos trámites y el potencial traslado al sector privado de muchas actividades que hoy están en manos del Estado. El proyecto aprobado también peca de incumplir los objetivos generales de toda reforma tributaria: equidad, igualdad y simplicidad. El proyecto es innecesariamente largo y complejo. Tampoco impulsa la equidad, como pregonan sus defensores, ni trata a todos los contribuyentes por igual. Al contrario, los ingresos provenientes del capital, tales como intereses, dividendos y ganancias, se gravan a la tarifa preferencial del 10 por ciento (hasta un máximo de US$50.000 para las rentas por intereses), mientras que las tarifas aplicables a los ingresos provenientes del trabajo -es decir, los devengados por los trabajadores- experimentarán un incremento del ciento por ciento pues pasarán del 15 al 30 por ciento. Y mientras se aumentan las cargas al trabajo, se rebajan las tarifas de las empresas, se privilegia a las denominadas empresas de desarrollo, y a las cooperativas, que son negocios comunes y corrientes, se les otorga un trato preferencial. Y todo eso, como quiera que se vea, resulta injusto y desigual, especialmente si se toma en consideración que los salarios experimentan, además, una de las cargas sociales más elevadas de la región. Por otra parte, los ingresos que obtengan los capitalistas de fuentes del exterior solo se gravarán si son repatriados al país (por lo que difícilmente se recaudarán nuevos ingresos por esa vía), mientras que los beneficios que obtengan en el exterior los trabajadores costarricenses o pensionados residentes en Costa Rica deberán pagar los elevados impuestos al devengo, es decir, al momento de su percepción, y no a su repatriación al país. Eso desalentará la repatriación de capitales, lo cual es absurdo, y la afluencia de pensionados que contribuyen con el país con sus ingresos de divisas. Además, existe la complejidad de aplicar la renta mundial, totalmente desconocida en nuestro medio. La experiencia internacional demuestra que, cuando los impuestos son complejos, disminuye su cumplimiento voluntario y la correspondiente recaudación. Las últimas modificaciones aplicadas al impuesto sobre el valor agregado (IVA) también son desiguales e injustas, e introducen serias distorsiones a la asignación de los recursos productivos. Por ejemplo, la venta de la mayoría de los bienes y servicios estará gravada con la tarifa actual, del 13 por ciento, pero la prestación de ciertos servicios profesionales se gravará solamente con el 6 por ciento, sin que exista justificación técnica o racional para tal trato discriminatorio. Nuestra crítica no debe ser interpretada en el sentido de que avalamos el sistema tributario actual ni que nos oponemos a una reforma tributaria integral. Al contrario: por no ser integral, ni justa ni equitativa, nos oponemos a la que aprobaron recientemente los diputados. Al hacerlo, dejaron pasar la valiosa oportunidad de efectuar una reforma más comprensiva, justa y equitativa, y privaron a la nueva bancada de diputados de la oportunidad de hacer el trabajo que ellos no hicieron. Desde esta perspectiva, la Sala Constitucional, al evacuar la consulta de ley, deberá evaluar si se violentaron los trámites en su gestión y si se requiere una mayoría calificada para aprobarlo, habida cuenta de las reformas a las leyes constitutivas de varias instituciones autónomas y de la posible violación a la intimidad de las personas. La Sala Constitucional tendrá la última palabra.
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